Puebla: Misterio, impunidad y complicidad envuelven el cierre de fábrica estadunidense

 

Enorme misterio envuelve el cierre de operaciones la fábrica estadunidense asentada en Puebla

■ Puebla.- Este martes la empresa estadounidense Johnson Controls de Puebla inició el pago de liquidaciones para sus 650 trabajadores, además de que todos recibieron un bono adicional de 2 mil 300 pesos, esto en medio de irregularidades que los trabajadores señalaron, como no entregar el dinero correspondiente a otros bonos, caja de ahorro y otras prestaciones.

El pago se realizó a unos días de que venciera el plazo de revisión salarial entre el sindicato minero y la empresa, que tenía como fecha de vencimiento el 31 de marzo, en beneficio de 440 sindicalizados y 210 trabajadores por contrato; algunos de ellos expresaron su inconformidad, pues había trabajo en las líneas de producción por lo que no se explican el cierre de la empresa.

La liquidación ocurrió en medio del hermetismo de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno del estado de Puebla, y que encabeza el panista Pablo Rodríguez Regordosa, quien hasta este momento no ha emitido una postura oficial sobre el cierre de Johnson Controls.

• Acusan impunidad y complicidad con gobierno estatal.

El cierre de la planta de capital estadounidense Johnson Controls en la ciudad de Puebla se trata “de un caso más de impunidad industrial en complicidad con el gobierno del estado”, señaló el economista de la UAP Huberto Juárez Núñez.

En entrevista, el investigador expuso que esta empresa no puede anunciar el fin de sus operaciones argumentando problemas financieros o de competitividad sin antes demostrarlo ante las autoridades.

En ese mismo sentido, señaló que no sería extraño que la empresa sólo cambiara de nombre a otra razón social, siguiera operando en otras de sus plantas y recontratando a su propio personal, pues ya logró deshacerse de los trabajadores que lucharon por sus derechos.

Agregó que “no basta con autodeclaraciones de pérdidas millonarias o de que se dejó de ser competitivo y me voy a otro lugar. Hay que demostrar ante un juez que hay pérdidas. El problema es que en este país las empresas le tomaron la medida a todo el mundo”.

Recordó que este caso tiene similitud con el cierre de la planta de Alcoa Fujikura, en 2008, pues ahora, como entonces, no se fundamentó la quiebra. En ese año, el sindicato de Alcoa estaba asesorado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), pero una mañana comenzaron a liquidar al personal y la UNT sólo se limitó a “vigilar estrictamente el pago del liquidaciones”, señaló el investigador.

Asimismo, criticó la postura del gobierno del estado en torno a Alcoa, pues la postura de este fue de vigilar que el pago de liquidaciones fuera conforme a la ley y crearía opciones para los desemplados, “pero nunca nos enteramos cómo fue este proceso, cuándo se agotó el proceso legal y Alcoa no demostró que, efectivamente, tenía pérdidas millonarias”.

En el caso actual de Johnson Controls se trata de una nueva imposición de una empresa que le tomó la medida a los trabajadores “y seguramente tiene pactos muy claros con los gobiernos panistas federal y estatal. Lo que tenemos ahora es un despliegue mediático para tratar de convencernos de pérdidas millonarias y de falta de competitividad y que detrás de esto está un sindicato que no los hace productivos. Pero no sabemos quién avaló las pérdidas millonarias”, afirmó Juárez Núñez.

Afirmó que Johnson Controls ha sido una de las proveedoras de autopartes que más han sido beneficiadas con el desarrollo de la industria automotriz en México; tan solo la división mexicana de Johnson es más rentable que su competidora Lear Corporation, empresa que también está asentada en Puebla, y ambas dedicadas a la fabricación de asientos para automóviles de casi todas las plantas automotrices del país.

“Pienso que el gobierno tiene que mostrarnos que, en efecto, ha verificado que la empresa está en posición técnicamente de quiebra. No se trata de un acuerdo para golpear a los trabajadores para quitarse de encima a los sindicatos de protección como los de la CROM, CTM o FROC–CROC. Estamos nuevamente ante un caso de impunidad empresarial con la complicidad del gobierno del estado”, señaló.

Juárez Núñez que no sería extraño que iniciara un proceso de recontratación, ya sin la intervención del sindicato, pues cuenta con una planta de mayor capacidad en Teolocholco, Tlaxcala, junto con del parque industrial Finsa.

“Eso de irse a Querétaro es sólo reorganizar su producción y concentrarla en Teolocholco y en Finsa; como eso va a suponer un incremento en las líneas de producción podrían contratar a algunos de sus trabajadores que actualmente tienen, con un nuevo convenio. La primera dificultad ya la libró la empresa: deshacerse de trabajadores que en su momento lucharon contra los sindicatos de protección”.

Redacción Emet - la jornada