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La legislación obliga también a las autoridades a perseguir y sancionar a los autores de la desaparición forzada y a imponerles penas de prisión de 40 a 60 años
El primero establece una serie de medidas para prevenir y erradicar ese delito de lesa humanidad, entre ellas que es imprescriptible y obliga al Estado mexicano a no permitir ni tolerar la desaparición forzada ni aun en estados de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
La legislación obliga también a las autoridades a perseguir y sancionar a los autores de la desaparición forzada y a imponerles penas de prisión de 40 a 60 años, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la función pública en cualquier nivel.
Los responsables del delito de desaparición forzada serán juzgados en tribunales civiles, eliminando el fuero militar en el caso de los integrantes de las fuerzas armadas. La ley en la materia prevé reparar el daño a las víctimas de manera integral, incluyendo la restitución de su buen nombre.
En ese proyecto de dictamen, en torno a una iniciativa del senador perredista Armando Castillo, se señala que desde el año 2000 se han discutido en el Congreso de la Unión algunas propuestas para crear la ley contra la desaparición forzada de personas, pero no se ha logrado avanzar en una legislación general que obligue a todas las entidades del país a que tipifiquen el delito, lo investiguen, persigan y sancionen.
Ello no se ha dado pese a que el grupo de trabajo sobre la desaparición forzada, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó en marzo de 2011 la urgencia de que México legisle en la materia y armonice su marco jurídico conforme a los estándares internacionales.
Durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra presentó también el proyecto de dictamen en torno a la ley que crea la comisión de la verdad para los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia en México.
La finalidad, se detalla en la exposición de motivos, es “establecer la certeza respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas directa o indirectamente por autoridades en contra de personas vinculadas con movimientos sociales o políticos en el lapso comprendido entre fines de los 60 y los 80, que incluye las masacres estudiantiles de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y la de 1971, perpetrada por el grupo conocido como Halcones.
Necesaria, una instancia que sane las heridas
Se plantea que la comisión de la verdad sea conformada por siete personalidades de reconocida trayectoria, ética, prestigio y legitimidad en la sociedad y plenamente identificadas con la defensa de los derechos humanos. A partir de su instalación tendrá una vigencia de un año, que podrá prorrogarse seis meses.
En la exposición de motivos se advierte que la existencia de esa comisión de la verdad es imprescindible para sanar heridas y acabar de tajo con la impunidad en que permanecen los que durante más de dos décadas torturaron, desaparecieron y acabaron con la vida de miles de luchadores sociales a lo largo de todo el país.
Durante la reunión de ayer, en que se entregaron los proyectos de dictamen, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) asistentes al foro, se comprometieron a revisar a fondo los documentos para que puedan discutirse en el pleno la próxima semana.
Redacción Emet - La Jornada