Peña y Vázquez: más IP en petróleos; AMLO, único que respetará el Art. 27. (Lilia Arellano)

La arremetida de Calderón contra Pemex no ha registrado tregua. Apenas este lunes pasado, al encabezar el 74 Aniversario de la expropiación de la industria petrolera

Además del tiradero económico que dejará en el país con millones de pobres y desempleados como resultado más destacado de su fallida administración, y la muerte de más de 61 mil personas y alrededor de 10 mil desaparecidas en su estúpida, necia y mal planeada  “guerra al narco”, Felipe Calderón no pretende dejar la residencia oficial de Los Pinos sin antes eliminar uno de los principales pilares de la Constitución de 1917 y entregar al capital privado, nacional y extranjero principalmente, el patrimonio energético del país. Cabe precisar que las restricciones a la inversión privada en Pemex y a los contratos de riesgo vigentes en la Carta Magna no vienen del año de la promulgación de ésta, sino de la reforma constitucional de 1960, que señalaba que “tratándose del petróleo y de los carburos y de hidrógeno sólidos,  líquidos o gaseoso o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.  

Para tal efecto, Felipe Calderón, quien se ha convertido en la antitesis del presidente Adolfo López Mateos, impulsó y logró que el Congreso aprobará  en octubre de 2008 la polémica reforma energética que permite mayor participación privada en la industria petrolera para, según dijeron, revertir el constante declive en la producción del crudo, lo cual no se logró a más de tres años de distancia. La extracción de energéticos cayó en enero de 2012 a 2.8 millones de barriles diarios, cuando al inicio del sexenio fue de 3 mil 693 millones, lo que implica una caída anual de 3.1 por ciento. El inquilino de Los Pinos contó para ese efecto con el apoyo no sólo de los legisladores de su partido sino también de sus aliados en un importante sector del PRD, del grupo de “los chuchos”, y de la fracción parlamentaria del PRI.

Los siete dictámenes de dicha reforma incluyeron el ríspido tema de los contratos con incentivos a los privados que participen en exploración y extracción de crudo, lo que fue un gran paso en la ruta de la privatización de la paraestatal que ha sido un objetivo estratégico de la segunda administración federal surgida de las filas del Partido Acción Nacional.  De nada sirvió la oposición de un pequeño grupo del PRD y PT,  no más de 30, que pretendían que los dictámenes se regresaran a comisiones para ser discutidos suficientemente. Fue el 28 de noviembre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación los siete dictámenes que integran la Reforma Energética.

La disminución de la producción petrolera de México, llevo al entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en febrero de 2010, a advertir que “México está a punto de convertirse en importador de petróleo” y a admitir que la administración estadounidense se ha involucrado, a solicitud del gobierno de Calderón, en áreas relacionadas con el sector energético nacional. De acuerdo con cables diplomáticos interceptados por WikiLeaks que fueron entregados al periódico La Jornada, Pascual revelaba que “expertos en energía y el sector privado están en general de acuerdo en que la disminución en la producción de crudo forzará a México a llevar a cabo reformas para abrir los sectores de petróleo y gas a la inversión privada” y también reportaba que “funcionarios mexicanos han solicitado en meses recientes  ayuda al gobierno de Estados Unidos en temas relacionados con la implementación de la reforma (petrolera) de octubre de 2008”.

EL GRAN GOLPE

Luego la administración calderonista firmó en Los Cabos, Baja California Sur -el pasado 20 de febrero- con el gobierno estadounidense de Barack Obama el Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos que, dijeron, tiene el propósito de establecer los procedimientos para “repartir” la producción obtenida de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima, el cual debe ser ratificado por el Senado, quien lo recibió de inmediato, tan sólo ocho días después para tal efecto.

Cuauhtémoc  Cárdenas, el ex candidato presidencial del PRD, advirtió en un amplio artículo publicado el pasado 16 de marzo, que “este acuerdo deja sin protección el interés nacional pues la empresas que ya trabajan en el lado estadounidense de la frontera marítima no quedan obligados a su observancia, y en el caso de la redistribución, entre ambas partes de los productos obtenidos, en el curso del desarrollo y aprovechamiento de un yacimiento, el procedimiento para la nueva reasignación de beneficios queda en la indefinición”. El líder moral del PRD presentó una larga lista de argumentos con el fin de exigirle a los senadores que se busque precisión en el acuerdo con EU, en cuanto a la distribución de beneficios en el aprovechamiento de yacimientos transfronterizos.

Cárdenas acusa que en las circunstancias en las que se dio, este acuerdo parece el resultado de una presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan de lado estadounidense. También recordó que desde el año 2000, al iniciar la primera administración federal panista, el gobierno mexicano suscribió con EU un tratado de limites sobre la plataforma continental, es decir, sobre el espacio marítimo más allá de las doscientas millas de mar patrimonial, que estableció una moratoria a la exploración y explotación en la frontera en la región denominada Hoyos de Dona. Sin embargo, el desarrollo se dio en ya en el lado estadounidense, fuera del área respecto a la cual se negoció la moratoria, y ahora pretenden extender sus actividades a los transfronterizos, “que seguramente ya han detectado”.

La arremetida de Calderón contra Pemex no ha registrado tregua. Apenas este lunes pasado, al encabezar el 74 Aniversario de la expropiación de la industria petrolera, volvió a atacar a la paraestatal al señalar que las pensiones que paga ponen en riesgo su viabilidad financiera, y advertir que los pasivos laborales de la paraestatal crecen más rápido que sus activos. Ante mil 500 trabajadores que lo escucharon en silencio en Coatzacoalcos, Veracruz, dijo que “de no corregirse esta situación en el tiempo, Pemex puede correr el riesgo de no contar con recursos suficientes para fondear”.

Sin embargo, Felipe Calderón miente o al menos “dice una verdad a medias”, como observó el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, quien precisó que esa situación se debe en primer lugar a que el actual régimen de pensiones de Pemex no se ha modificado como ya se hizo con el IMSS y el ISSSTE, a fin de que el personal se jubile a una edad mayor, cambio que debe hacerse en el  próximo gobierno. Pero además, otra causa fundamental es que el gobierno federal del panista no ha depositado la parte que le corresponde en lo que se conoce como “reservas actuariales” y deja sola a la paraestatal con el pago de las pensiones. Estos dos asuntos deben resolverse al mismo tiempo, dijo el ex secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Ese ataque fue sincronizado con el que hizo por su parte el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, quien pidió replantear la dirección de Pemex para “potencializar al sector energético” y darle mayor viabilidad a la paraestatal “con la participación de la iniciativa privada en sectores que ahora están prohibidos por la ley” y donde es evidente que Petróleos Mexicanos necesita inversión. El líder empresarial insistió en que es necesario modificar el Artículo 27 Constitucional para que se reconozca que existen áreas de oportunidad donde puede entrar la IP sin que el Estado pierda el control, entre esas áreas se encuentran aguas profundas, comercialización y transporte, entre otros.

EN MANOS DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

A pesar de que la Iniciativa Privada ya tiene participación a través de contratos incentivados en Pemex y lo que le permite la Reforma de 2008, quieren todavía más, es decir todo, pues desean “entrar a sectores que hoy no están claros, no los permite la ley y que Pemex por si misma no puede hacerlo, como en el caso de los pozos profundos”, en el que “el 20 por ciento de las exploraciones se traduce en encontrar petróleo”.

A pesar de los avances que pueda registrar el calderonismo en estas reformas que están impulsando en los últimos meses de su administración, el destinó de Pemex y con mucho el del país se habrá de definir en el próximo sexenio. De ahí la trascendencia de las propuestas que en la materia traen bajo el brazo los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Las proyectos de los dos últimos no se diferencian prácticamente en nada pues los dos tienden a seguir impulsando la privatización de la principal paraestatal del país.

Peña Nieto ha señalado que esta convencido de que “para asegurar que la industria petrolera continúe siendo una palanca del desarrollo nacional y México se transforme en una potencia energética, es necesario tomar medidas audaces y despojarnos de ataduras ideológicas. Por ello he planteado la conveniencia de realizar una reforma energética pragmática que, sin renunciar a la propiedad pública de los hidrocarburos ni a la rectoría y conducción del Estado en la materia, permita a Pemex beneficiarse de mayores asociaciones con el sector privado”, para lo cual “será necesario realizar las reformas legales correspondientes y analizar esquemas como los contratos de producción compartida o de riesgo, así como las asociaciones público privadas, los cuales permitirán aprovechar el capital y la tecnología de terceros”.

Dentro del mismo esquema, Josefina Vázquez Mota va más allá y propone “complementar los recursos públicos disponibles con bonos ciudadanos y burzatilización en porcentaje minoritario de acciones de Pemex, es decir una privatización directa. También señala que “es impostergable liberar nuestro mercado energético, permitiendo alianzas estratégicas de Pemex con otras empresas en un entorno de competencia. Las alianza son clave porque carecemos de la tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas y las inmensas reservas de gas de lutitas”. En suma, desea darle certeza jurídica a las inversiones, privadas por supuesto, en el sector.

Únicamente el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que respetará y hará respetar lo que establece el Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. El tabasqueño ha señalado que si se privatiza la industria petrolera se alejaría la posibilidad de desarrollar al país. “Las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, quedarían a expensas de los monopolios y condenadas a pagar precios exagerados por los energéticos”.

El aspirante presidencial de Morena subrayó que se opone a la privatización del petróleo “porque queremos vivir en paz”. Explicó que si se entrega la renta petrolea a particulares, no habría suficiente presupuesto. Las empresas petroleras privadas no pagarían impuestos por 640 mil millones de pesos, como lo hace actualmente Pemex”. Añade que si se opta por la privatización “no se tendrían recursos para garantizar el desarrollo ni el bienestar de los mexicanos. Y semejante irresponsabilidad no se le ocurriría a nadie que tenga un poco de luz en la frente”. Aunque sostuvo que los contratos que ya están firmados se revisarán y, en su caso, podrían no ser modificados.

Lilia Arellano - Opinión EMET