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Morelos: Diputados "jinetearon" casi 40 mdp de los trabajadores del Poder Legislativo


Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, Julio Espín Navarrete (PRI)




Responsabilizaron del desvío al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, el priísta Julio Espín Navarrete, y al contador Miguel Avilés Meraz, secretario de Administración y Finanzas, como responsables del manejo financiero de la 51 Legislatura; y exigieron se entregue de inmediato el dinero al ICTSGEM, pues temen perder el derecho a los beneficios que otorga el organismo.

En tanto, fuentes oficiales del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo de Morelos confirmaron que el desvío de recursos en que incurrieron los diputados asciende a más de 35 millones de pesos, correspondientes a aportaciones y pagos al ICTSGEM en el año 2011; mismos que les fueron descontados con puntualidad –cada quincena- a los más de 1,200 empleados del Congreso local.

Asimismo, aseguraron que ante este hecho, que podría ser objeto de una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia, el presidente de la Mesa Directiva, Julio Espín firmó un convenio con el ICTSGEM en febrero pasado, en el que se comprometía a pagar los 35 millones de pesos, pero sólo ha aportado dos millones, pues el Congreso del estado no tiene recursos para ello y arrastra un déficit superior a los 50 millones de pesos.

Los miembros del sindicato entrevistados señalaron que el priísta Julio Espín les indicó –en enero pasado- que desconoce en dónde están esos 35 millones de pesos, pese a ser el responsable del manejo financiero del Congreso del estado; sin embargo, “expresó su preocupación” por resolver esta irregularidad que pone en riesgo el derecho de los empleados a los beneficios del ICTSGEM.

De acuerdo a los empleados sindicalizados entrevistados, los diputados Luis Arturo Cornejo Alatorre (independiente) y Luis Miguel Ramírez Romero (PAN) fueron quienes negociaron con el ICTSGEM el convenio para el pago posterior de las aportaciones de los trabajadores, a fin de que éstos no perdieran sus derechos y en el caso de quienes mantienen créditos no fueran sancionados con intereses moratorios.
Redacción Emet - La Jornada