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Óscar Martín Arce, vicecoordinador de Asuntos Jurídicos del PAN en la Cámara de Diputados
Un día después de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada señalara que altos funcionarios del estado recibían pagos de hasta 1.7 millones de pesos por dar protección a las actividades de células delictivas, el también secretario de la Comisión de Justicia en el Palacio de San Lázaro remarcó la necesidad de esclarecer los hechos, sin considerar la coyuntura electoral.
“Estuve presente ahí en la elección local y era un tema de vox populi que Los Zetas maniobraban y de alguna forma manejaban parte del estado cuando el gobernador era el otro hermano (Humberto Moreira) y ahora que sale a la luz pública de que tuvieron una serie de pagos, pues se corrobora lo que se sabía con anterioridad, que está infiltrado el gobierno de Coahuila y yo no me atrevería a meter las manos al fuego por Rubén Moreira”, puntualizó.
En entrevista, Arce sostuvo que el Ministerio Público Federal tiene el deber de indagar al ex mandatario de Coahuila:
“Creo que es una línea de investigación que debería agotar la PGR, porque el hecho de que tus funcionarios de alto nivel y más los encargados de la seguridad estén relacionados con el crimen organizado, específicamente con esta banda, pues obliga a deslindar o acusar al ex gobernador Moreira”, dijo.
Emplazó así a la Procuraduría General de la República a revisar la conveniencia de citar al también ex dirigente nacional del PRI, para aclarar el “nivel de relación” que tenía con los altos funcionarios de la procuraduría y del gobierno en general.
Por separado, la legisladora perredista Esthela Damián demandó a los gobernadores de los estados asumir un mayor compromiso para sancionar a los funcionarios involucrados con el crimen organizado, al tiempo de advertir que las administraciones locales difícilmente pueden pagar las mismas cantidades que el narcotráfico ofrece a los funcionarios corruptos.
“Imagínate que estás pagando seguridad pública, pero que hay una nómina o una doble nómina que está recibiendo recursos por parte de los narcotraficantes. (…); el recurso que ellos pueden invertir es infinitamente más alto que el que puede pagar cualquier corporación o cualquier institución de seguridad; y si no hay vigilancia estricta, si no hay castigo ejemplar, si no hay cárcel contra estos servidores, lo único que vamos a tener es la réplica o la repetición de ese esquema en otros estados”, puntualizó.
Redacción Emet - Milenio