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"No se puede llevar una comparecencia así, cuando usted contesta lo que le da la gana" le exigió un legislador al Secretario de la Función Pública
A petición del presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Ríos Piter (PRD), el presidente en turno de la mesa directiva, Jesús María Rodríguez (PRI), planteó al pleno si se dirigía la queja y, en consecuencia, se levantaba la sesión convocada exclusivamente para discutir los resultados de la Cuenta Pública 2010.
Debido a que en el salón de sesiones sólo había 10 de los 141 diputados del PAN –la sesión se inició con sólo 253 legisladores–, los otros partidos decidieron por mayoría enviar la queja a Calderón. El acuerdo se asumió luego de que Morgan Ríos eludió durante más de dos horas las preguntas sobre presunta corrupción en el gobierno federal.
Las críticas provocaron, incluso, que Morgan exclamara: ¡Con las auditorías se juzga y se condena a la administración pública!
A la mitad de la segunda de tres rondas de preguntas y respuestas, Morgan provocó que el diputado priísta César Augusto Santiago anunciara que su partido presentaría una denuncia penal, y que el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) considerara la posibilidad de iniciarle un juicio político.
El tono de las posturas de los partidos subió cuando Rafael Morgan habló sobre el proceso de invitación a tres empresas para construir el monumento Estela de Luz y las sanciones a funcionarios de III Servicios –filial de Petróleos Mexicanos–, cuando el diputado Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión de la Función Pública, lo había cuestionado sobre los 3 mil 700 millones de pesos adjudicados a distintas empresas de manera directa para los festejos del bicentenario.
• Usted contesta lo que le da la gana
Esta comparecencia es ya demencial. ¿Quién le preguntó de la Estela de Luz? No se puede llevar una comparecencia así, cuando usted contesta lo que le da la gana. Tal vez porque no sabe o por mal intencionado. Calderón descalificó al gobierno de Michoacán con la cuenta pública para afirmar que el gobierno está quebrado. ¿Es decir que el Presidente sí puede usar la cuenta para descalificar?, le preguntó Escudero.
Ríos Piter resaltó que es la primera vez que la Cámara hace uso de esa atribución para reconvenir a un secretario.
Antes, la definición de Morgan Ríos respecto de que la corrupción tiene su origen en la propia persona humana, y que el combate a la corrupción se demuestra con la detención de 79 ex servidores públicos, generó una serie de reproches de los diputados de PRI, PRD, PVEM y PT, quienes concluyeron que la dependencia sólo ha funcionado para encubrir el desvío de recursos públicos.
Priístas y perredistas resaltaron que no se ha detenido ni un solo pez gordo, y que a algunos de éstos el gobierno federal y el PAN los mantienen en sus cargos o en actividades de partido.
En este punto, el diputado Agustín Guerrero (PRD) desplegó en tribuna una fotografía del ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Acción de Gobierno del PAN, Juan Molinar Horcasitas.
El símbolo de la corrupción tiene nombre y apellido. Y en lugar de estar en la cárcel sigue despachando como dirigente del PAN. Este personaje se llama Juan Molinar Horcasitas y no está entre esos 79 encarcelados, dijo el perredista. Desde su curul, el también perredista Mauricio Toledo gritó: ¡Molinar corrupto!
Mientras el secretario de la mesa directiva, Herón Escobar (PT), sostenía la fotografía, Guerrero siguió: “¿Qué ha hecho la Función Pública sobre la denuncia que presentamos por el desvío de 118 millones de pesos para la telenovela El Equipo? Porque (el responsable) tampoco está entre los 79”.
El priísta César Augusto Santiago afirmó que hay una larga lista de casos no resueltos ni sancionados. La propia Función Pública participó en el fraude con la triangulación de recursos en el Fideicomiso del Bicentenario y la Estela de Luz. Ahí están los fraudes en el sistema de cómputo del Seguro Social, la extorsión a los gasolineros, Mony de Swaan (presidente de la Cofetel) y un largo etcétera.
También, Morgan Ríos fue cuestionado por su declaración de que la política del gobierno de Calderón es cero tolerancia a la corrupción. El funcionario refirió que 91 por ciento de los casos revisados resultaron en sanciones y que en cinco años se han presentado 400 denuncias penales, cuando en el periodo 1983-2006 sólo se interpusieron 321.
Redacción Emet - La Jornada
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