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"Hay delitos inprescriptibles como el genocidio y delitos contra la humanidad y por eso no se puede decretar una amnistía", dijo el juez al informar su respuesta a la petición del militar retirado.
Gálvez dijo que la petición de amnistía en base al decreto promulgado a combatientes del conflicto interno armado en 1986, por el también golpista general Oscar Mejía Víctores, viola los acuerdos internacionales de derechos humanos anteriormente firmados por Guatemala.
"A raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1949 se crea un convenio internacional en contra del genocidio el cual Guatemala ratifica. En 1973 Guatemala acopla su legislación, incluyendo el delito contra los deberes de humanidad. Por lo que no se puede dictar una amnistía", resolvió Gálvez.
El juez también mencionó la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, la cual puso fin al conflicto armado interno y decretó una amnistía general a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos como coacciones y amenazas, daños contra la seguridad colectiva, delitos contra la seguridad del estado, entre otros.
Ríos Montt salió inmediatamente de la sala y no respondió a las preguntas de la prensa.
La decisión de Gálvez sienta un precedente en Guatemala que no se pueden amnistiar delitos de lesa humanidad.
El abogado de las víctimas, Edgar Pérez, expresó satisfacción con el fallo favorable del juez. "Esto significa que se esta llevando un proceso justo porque son delitos de transcendencia internacional", afirmó.
El abogado defensor Francisco Palomo dijo que apelará el fallo. "Esto no es un proceso que se puede resolver en primera instancia. Es un largo proceso y es la Corte de Constitucionalidad la que decidirá".
Esta es la primera audiencia de Gálvez como juez a cargo del proceso de genocidio tras la salida de la jueza Carol Patricia Flores, recusada por la defensa de uno de los procesados a mediados de febrero.
Flores abrió el proceso a Ríos Montt por genocidio y crímenes contra de la humanidad en enero. El general retirado quedó bajo arresto domiciliario. Por el mismo caso son procesados también los generales retirados Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes.
Los tres militares retirados son acusados de al menos 266 acciones en las que habrían muerto al menos mil 771 personas, se habrían cometido mil 400 violaciones a los derechos humanos y desplazado a por lo menos 29 mil personas entre 1982 y 1983
Revista EMET - NTM