IFE "ignora" ilícitos electorales de Calderón. (Lilia Arellano)

 

También pretende desconocer la intervención del titular del Ejecutivo federal, directa, ilegal, con el uso del aparato de procuración y administración de justicia en contra de gobiernos estatales y dirigentes y candidatos de partidos de oposición

Al llevarse a cabo el sorteo, a través del método de insaculación, de selección de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla que funcionarán durante la jornada federal electoral del próximo 1 de julio, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, informó que buscará sostener una reunión con personal de la Organización de Estados Americanos (OEA) para, dijo, determinar las fuentes de la aseveración del secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, en el sentido de que la delincuencia organizada no sólo representa una amenaza para la seguridad y la paz en la zona, sino que intenta poner en peligro la gobernabilidad democrática en las elecciones y hasta imponer a sus propios candidatos.

Para el arbitro de la jornada electoral federal, las declaraciones del funcionario de la OEA se derivan de algunas notas periodísticas. No obstante, confió en que también el gobierno de Felipe Calderón “tomará cartas en el asunto” para conocer cuáles son las fuentes, a partir de las cuales la OEA “realiza su posicionamiento o pone en el espacio público esa posición”. Valdés Zurita pretende ignorar que ha sido el propio Felipe Calderón el que ha tratado de imponer ese criterio en torno a la amenaza que presuntamente representa el crimen organizado para la realización de procesos electorales, sobre todo cuando los resultados de los comicios no favorecen a sus candidatos  y  los de su partido, Acción Nacional.

También pretende desconocer la intervención del titular del Ejecutivo federal, directa, ilegal, con el uso del aparato de procuración y administración de justicia en contra de gobiernos estatales y dirigentes y candidatos de partidos de oposición, antes, durante y posterior a las elecciones locales. El caso de la entidad natal del inquilino de Los Pinos es representativa: primero tras el rotundo fracaso que representó el llamado “michoacanazo” que intentó descarrilar el gobierno de Leonel Godoy y que terminó en un chasco total para la PGR y para su administración, y después tras la derrota de su hermana María Luisa, alias “la cocoa”, en la elección de gobernador en donde fue derrotada por el priísta Fausto Vallejo. La arremetida del calderonismo contra el perredismo michoacano al que le favoreció fue al PRI y no al PAN, a pesar de que éste tuvo todo el aparato federal a su favor, por lo que posteriormente se quejó de que el “crimen organizado” decidió el resultado de la elección de gobernador michoacano. Estos ilícitos pretende desconocerlos el árbitro electoral, don Leonardo Valdés, como también pretende desconocer la grosera injerencia del titular del Ejecutivo Federal en el proceso comicial presidencial en marcha.

Los que no quitan el renglón sobre esos ilícitos son los legisladores perredistas, Alejandro Encinas y Agustín Guerrero, quienes acudieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a ratificar la denuncia interpuesta en contra del presidente Felipe Calderón, por su presunta responsabilidad en un delito electora. Los diputados del “Sol Azteca” pidieron que se le aplique al inquilino de Los Pinos lo establecido en la ley que consiste en prisión por seis años y el pagó de una multa de 400 días de salario mínimo vigente.  Encinas y Guerrero dieron seguimiento a la denuncia que se integró en la averiguación previa PGR/FEPADE/282/2012 en contra de Calderón por haber dado a conocer en una reunión con consejeros de Grupo Banamex, los resultados de una encuesta electoral que señalaba –según él- que los punteros para los próximos comicios son los abanderados del PRI y el PAN, y que relegaba a un lejano tercer lugar al aspirante de la izquierda.
Leonardo Valdés pretende que ignoremos que el mismo ha admitido y difundido que en las elecciones locales “lamentablemente” hubo incidentes que revelan la posibilidad de que el crimen organizado pudiera intentar tener alguna incidencia en 2012, por lo que “se ha establecido un blindaje a través de un convenio firmado con el gobierno federal.” El funcionario intentó eludir el tema de una posible anulación de la elección federal al señalar que al IFE le corresponde organizar elecciones, mientras que a los gobiernos estatales y federales les compete garantizar seguridad de los comicios, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno son las que tienen la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Durante la sesión extraordinaria del IFE se seleccionó a los ciudadanos con apellido paterno con inicial “S”, nacidos en diciembre y enero, para que participen en las elecciones del primero de julio como funcionarios de casilla. El Consejo Electoral del IFE inició el proceso para invitar a 8 millones de personas, registradas en el padrón del instituto, a colaborar en la organización de las elecciones, de las cuales un millón recibirán capacitación. Estos ciudadanos serán los que integren las mesas de 149 mil 181 casillas, en las cuales serán depositados los votos de los comicios federales.

Lilia Arellano