Empresarios tiene información contraria a las encuestas: la población quiere cambios verdaderos. (Guillermo Fabela)

 

Saben que las famosas encuestas no significan nada, que son absolutamente engañosas porque están realizadas sin otra finalidad que influir en el ánimo de los votantes, siguiendo las instrucciones de quienes las pagan

Por fin termina la veda electoral, mañana viernes 30, con lo que inician formalmente las campañas de los cuatro candidatos que buscan ganar la contienda cuyo desenlace será decisivo para el futuro de los mexicanos. Es de esperarse que se lleve a cabo sin nada que lamentar, que los partidos demuestren madurez y al final se tengan resultados confiables. De ello depende que México tenga viabilidad como nación con futuro, pues el fracaso del proceso, por los motivos que sean, cerraría la vía democrática, con las terribles consecuencias que cabría esperar de un desenlace conflictivo. ¿A ello le apuesta la ultraderecha para seguir en el poder, aunque así ponga en marcha fuerzas negativas que acelerarían la descomposición del tejido social?
 

Vale tal hipótesis, teniendo en cuenta el interés del actual régimen en contar con un marco jurídico que le permitiera imponer por la fuerza sus métodos de “gobierno”. Nunca, según la experiencia histórica, los grupos conservadores que se encaraman al poder, se han resignado a entregarlo democráticamente. Sin embargo, ante la complejidad de la realidad actual, aferrarse a mantener el control del Estado sin el consentimiento de la sociedad en su conjunto, conduciría a gravísimos problemas que afectarían a todos los sectores, no sólo a las clases mayoritarias. Así lo entiende la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por eso se comprometió públicamente a no incurrir en campañas de desprestigio, “como en el 2006”.

El dirigente del organismo, Alberto Espinosa Desigaud, afirmó que el sector privado se habrá de apegar estrictamente a la ley durante el desarrollo de la contienda electoral, pero que lo mismo demandan al presidente Calderón, a los partidos y a los candidatos. Por ello firmaron un convenio con el Instituto Federal Electoral (IFE), puntualizó. Fue más allá, al pedir al jefe del Ejecutivo que se abstenga de hacer promoción de su gobierno, lo que resulta muy oportuno y saludable por la proclividad de Calderón para realizar una incesante labor promocional que contraviene la ley electoral, aunque no haya sido sancionado por las autoridades, para evitar que siga con esa actitud violatoria de la norma.

Qué bueno que la elite empresarial haya recapacitado y esté actuando con madurez e inteligencia. Claro que esto obedece a los temores que tiene de que la realidad nacional se descomponga todavía más de lo que ya está, pero también al hecho de que por su culpa México está padeciendo la peor crisis de su historia. Lo saben sus más conspicuos líderes, quienes hace seis años llevaron a cabo una sucia labor de zapa que le costó el triunfo al candidato de la izquierda, al igual que lo hizo Vicente Fox, como lo reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque finalmente aceptara un resultado muy controvertido que dejó a Calderón en la cuerda floja de la ilegitimidad.

En este momento es impensable una conclusión del proceso como la que caracterizó a los comicios del 2006. Las consecuencias serían desastrosas y activarían un caos inmanejable, lo saben los líderes del sector privado, por eso hacen público su compromiso con una labor apegada a la ley. El país necesita urgentemente entrar en un periodo de gobernabilidad real, que abra la puerta a una vida democrática plena, única alternativa para poner fin a tanta violencia e inseguridad. Deben saber, porque tienen diagnósticos objetivos de la realidad nacional, que un conflicto postelectoral desataría una violencia incontrolable, que pondría en marcha una represión cada vez más sangrienta y costosa, incluso en términos económicos.

Saben que las famosas encuestas no significan nada, que son absolutamente engañosas porque están realizadas sin otra finalidad que influir en el ánimo de los votantes, siguiendo las instrucciones de quienes las pagan. Deben tener información contundente de que la población mayoritaria está urgida de cambios verdaderos, que alivien aunque sea un poco su lastimosa situación social y económica. Saben que no es oportuno seguir apretando el cuello a los trabajadores, pues se rebasaron límites manejables. México es el país latinoamericano con más rezagos en los últimos diez años, el que paga los más bajos salarios, sólo por arriba de Bolivia: 128 dólares mensuales contra 119 del país andino, de acuerdo con la Cepal.

Seguir por esa vía de explotación inmisericorde a la clase obrera no tiene sentido en la actualidad. Afecta a la economía en su conjunto, al profundizar bajos niveles de productividad y de competitividad. El salario mínimo en Argentina es de 545 dólares mensuales, en Venezuela de 360 y en Brasil de 341 dólares. Los resultados están a la vista, pues sus niveles de crecimiento son los más altos entre los países emergentes. Pero Calderón está empeñado en seguir torciendo el cuello a los obreros, y está aferrado en sacar adelante su criminal reforma laboral, que dejaría en calidad de esclavos a los trabajadores. Con todo, tal parece que los dirigentes empresariales ya entendieron que a nadie beneficia contar con una masa improductiva, llena de rencor y dispuesta a morir antes que continuar sobreviviendo en una esclavitud decimonónica
 

Guillermo Fabela - Opinión EMET