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Un más es el denominado “moreirazo” que ilustra la forma de hacer “justicia” en nuestro país, en los bueyes de mi compadre. La semana pasada, un juez federal, Eduardo Torres Carrillo, Juez Primero de Distrito en el Reclusorio Norte
También la firma KPMG, en un estudio que refleja la percepción y visión de los principales sectores empresariales del país en México, alertaba desde el año pasado que la inseguridad junto con la corrupción son los principales frenos para la inversión en el país. Según el Foro Económico Mundial (WEF) el costo de la corrupción en México es equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por eso la creación de otro organismo público más para combatirla no levanta mucho entusiasmo en cuanto a los resultados que pueda alcanzar dado el estrepitoso fracaso que han tenido sus antecesores.
A pesar de todo, el Senado aprobó el “martes 13” del mes en curso la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción para, dicen, sancionar a quienes incurran en esa práctica en los tres niveles de gobierno, y además elevó a rango constitucional ese ilícito. Esta fiscalía será otro órgano autónomo, con presupuesto propio por supuesto, y presuntamente perseguirá el lavado de dinero, así como el uso de recursos de procedencia ilícita y, novedad, actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquiera de los integrantes de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios y organismos constitucionales autónomos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Banco de México o Instituto Federal Electoral.
Mientras, existen órganos creados con fines similares que no sólo no funcionan sino que se han convertido en garantes de impunidad para los integrantes del poder en turno y claros ejemplos de esto los tenemos en el calderonismo, pero también en los actuales gobiernos estatales. Los actos de corrupción se persiguen sólo cuando son cometidos por adversarios o enemigos políticos y con claros fines electorales o de conservación del poder. Así se explica la protección a Genaro García Luna en el caso de Florence Cassez, el contubernio que existe entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo y la insistencia de los integrantes del PAN en el poder en el llamado “moreirazo”.
Otro caso lo es sin duda el “elbazo”, es decir el del magisterio y el enfrentamiento por el control y manejo del sindicato más grande de América Latina. Los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han realizado en los últimos días movilizaciones y plantones en la Ciudad de México y otras entidades, lo que obligó a las autoridades federales a sentarse a negociar con ellos, aunque todavía no se tenga claro hacia donde van dichas pláticas. Los mentores insisten en que la Evaluación Universal afecta sus derechos laborales, y la califican de ser resultado de un acuerdo cupular. Tampoco quitan el dedo del renglón ante el hecho de que viernes de la semana pasada se venció la toma de nota de Elba Esther Gordillo. Por si fuera poco esta semana el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la búsqueda del historial laboral y del último puesto de Elba Esther Gordillo al momento de su comisión sindical, así como su salario diario y mensual. Y como una muestra de las “buenas relaciones” que hay entre la SEP y el magisterio , Ana María Aceves, directora de Evaluación de Políticas de la SEP, aseguró a los integrantes de la CNTE que no exhibirán a los maestros de educación básica con el resultado del examen que se les aplicarán el 23 y 24 de junio para evaluar sus competencias profesionales.
Un más es el denominado “moreirazo” que ilustra la forma de hacer “justicia” en nuestro país, en los bueyes de mi compadre. La semana pasada, un juez federal, Eduardo Torres Carrillo, Juez Primero de Distrito en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenó por lo menos cuatro órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del gobierno de Coahuila por la contratación ilegal de dos créditos que ascienden a 2 mil 100 millones de pesos en el Santander. Las nuevas capturas fueron libradas contra Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, los dos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. También se ordenó la aprehensión de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo, ambos prófugos de la justicia.
Al mismo tiempo, dos jueces de Distrito de Coahuila ordenaron al Gobierno del estado entregar documentos que prueben el destino de los casi 36 mil millones de pesos de la deuda del “moreirazo”, a lo cual las autoridades estatales se han negado con el argumento de que no cuentan con ella por haberla enviado a la Fiscalía General del Estado como prueba para la investigación sobre los créditos contratados con documentos falsos. Así, el “moreirazo” sigue dando armas al PAN en contra de los gobiernos de los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, y contra el PRI y su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, a quien le están armando su fiestecita.
Y para cerrar el cuadro no podemos dejar de mencionar el hecho de que anualmente se gastan 700 mil millones de pesos en compras públicas, pero se pierde entre el 10 y 14 por ciento (entre 70 mil y 100 mil millones de pesos) por las malas prácticas en los procesos. Elizabeth Yáñez Robles, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), admitió que todavía existen muchas prácticas anómalas que violan la ley en los procedimientos de contratación pública., entre las que sobresalen sobornos a servidores públicos, cohecho, colusión entrega de información falsa.
Lo peor de todo es que a la administración federal la corrupción que la ahoga, toda vez que los órganos de control interno de las dependencias federales ignoran, desechan o no responden a las solicitudes y expedientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades cometidas por servidores públicos y que ameritan sanciones administrativas y penales, por lo que sigue reinando una total impunidad.
Lilia Arellano