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Una de las principales características de la administración que encabeza Felipe Calderón es precisamente la corrupción como lo confirmó, por si todavía existían algunas dudas, el informe de la Auditoría Superior de la Federación
También la firma KPMG, en un estudio que refleja la percepción y visión de los principales sectores empresariales del país en México, alertaba desde el año pasado que la inseguridad junto con la corrupción son los principales frenos para la inversión en el país. Según el Foro Económico Mundial (WEF) el costo de la corrupción en México es equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por eso la creación de otro organismo público más para combatirla no levanta mucho entusiasmo en cuanto a los resultados que pueda alcanzar dado el estrepitoso fracaso que han tenido sus antecesores.
A pesar de todo, el Senado aprobó el “martes 13” pasado la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción para, dicen, sancionar a quienes incurran en esa práctica en los tres niveles de gobierno, y además elevó a rango constitucional ese ilícito. Esta fiscalía será otro órgano autónomo, con presupuesto propio por supuesto, y presuntamente perseguirá el lavado de dinero, así como el uso de recursos de procedencia ilícita y, novedad, actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquiera de los integrantes de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios y organismos constitucionales autónomos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Banco de México o Instituto Federal Electoral.
Mientras, existen órganos creados con fines similares que no sólo no funcionan sino que se han convertido en garantes de impunidad para los integrantes del poder en turno y claros ejemplos de esto los tenemos en el calderonismo, pero también en los actuales gobiernos estatales. Los actos de corrupción se persiguen sólo cuando son cometidos por adversarios o enemigos políticos y con claros fines electorales o de conservación del poder. Así se explica la insistencia de los integrantes del PAN en el poder en el llamado “moreirazo”, en la protección a Genaro García Luna en el caso de Florence Cassez, y en el contubernio que existe entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo.
Por esas razones, un juez federal, Eduardo Torres Carrillo, Juez Primero de Distrito en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenó por lo menos cuatro órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del gobierno de Coahuila por la contratación ilegal de dos créditos que ascienden a 2 mil 100 millones de pesos en el Santander. Las nuevas capturas fueron libradas contra Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, los dos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. También se ordenó la aprehensión de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo, ambos prófugos de la justicia.
Al mismo tiempo, dos jueces de Distrito de Coahuila ordenaron al Gobierno del estado entregar documentos que prueben el destino de los casi 36 mil millones de pesos de la deuda del “moreirazo”, a lo cual las autoridades estatales se han negado con el argumento de que no cuentan con ella por haberla enviado a la Fiscalía General del Estado como prueba para la investigación sobre los créditos contratados con documentos falsos. Así, el “moreirazo” sigue dando armas al PAN en contra de los gobiernos de los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, y contra el PRI y su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, a quien le están armando su fiestecita.
Otro caso que da cuenta de la corrupción en el país y que tiene una proyección internacional que llevo a una crisis diplomática entre México y Francia, es el de secuestradora francesa Florence Cassez. Luego de que el ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, difundiera su proyecto que plantea liberar a la ciudadana gala, la administración federal ha enfocado sus baterías sobre el mismo. La PGR y la SSP lo han descalificado en días pasado y ahora mandaron a expertos en derecho penal de diversas instituciones y organizaciones a criticarlo y para ello organizaron todo un foro sobre el tema: “Florence Cassez, la prueba y el debido proceso”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y al que por supuesto no faltó Isabel Miranda de Wallace, candidata panista al Gobierno del Distrito Federal y presidenta de la organización Alto al Secuestro. La decisión en torno a este caso habrá que seguirla de cerca pues sin duda nos darán una gran sorpresa los ministros de la “tremenda corte” en torno a la aplicación de la justicia en México.
Y para cerrar esta tercia de actos de corrupción, hay que señalar el caso del magisterio y el enfrentamiento por el control y manejo del sindicato más grande de América Latina. En una amplia jornada de movilización, los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) montaron cuatro plantones en Paseo de la Reforma, marcharon sobre esta céntrica avenida, tomaron la zona centro de la Ciudad de México por espacios de seis horas, y reiniciaron negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Desde el mediodía del viernes, maestros de la CNTE, encabezados por Azael Santiago Chepi y Francisco Bravo, de las secciones 22 y 9, respectivamente, se reunieron con el subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila, cuyas negociaciones hasta el cierre de estas líneas no habían avanzado mucho, como tampoco avanzaba la circulación en las principales arterias de la Ciudad de México por los bloqueos.
Durante sus manifestaciones, los maestros bloquearon la sede de la Procuraduría General de la República, donde cerraron los accesos, lo que obligó a suspender temporalmente la presentación del plan de trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que presuntamente tiene el objetivo del cuidado y seguimiento del proceso electoral del próximo 1 de julio. Los mentores insistieron en que la Evaluación Universal afecta sus derechos laborales, y la calificaron de ser resultado de un acuerdo cupular. También no quitan el dedo del renglón ante el hecho de que este viernes se venció la toma de nota de Elba Esther Gordillo, y manifestaron su confianza en que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no le otorgue una prórroga. Y como dejar de mencionar el caso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quienes también marcharon el viernes por la avenida Juárez rumbo al Zócalo capitalino .
Lilia Arellano