Caso Cassez: delitos cometidos por autoridades federales y televisoras, impunes. (Lilia Arellano)

 

El hecho concreto es que luego del show mediático montado en torno a este revivido caso para la televisión, la Francesa Florence Cassez no saldrá de prisión

En suspenso se quedó el caso de las francesa Florence Cassez, lo cual no sucedió con la justicia mexicana ya que en este día quedó más que claro que no puede confiarse en las decisiones del máximo tribunal del país toda vez que se hicieron de lado, “de la vista gorda”, ante la comisión de una serie de delitos cometidos tanto por las autoridades federales como por las televisoras, sin dejar de mencionar que las víctimas de secuestro también prestaron colaboración en el simulacro de su rescate ya que tal había tenido lugar con fecha anterior al momento en el que se exhibieron los hechos. Ningún ministro ha hecho pronunciamiento alguno sobre estos acontecimientos que repercutieron en la opinión pública, hoy dividida por la mala aplicación de las leyes y la impunidad reinante.  

De esta forma y pese a las declaraciones de Felipe Calderón con respecto a “las rendijas por las que se cuela la Ley”, otro caso evidente de corrupción de la justicia se presentó este miércoles en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al discutirse, analizarse y dejar en suspenso la resolución del amparo solicitada por la secuestradora francesa Florence Cassez sentenciada a 60 años de cárcel. El proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no consiguió los votos para ser aprobado en la sesión que duró casi dos horas y el expediente será turnado a otro ministro de la misma sala que todo parece indicar será Olga Sánchez Cordero, quien votó a favor del proyecto de Zaldívar –lo cual se convierte en otra incongruencia-, la encargada de elaborar un nuevo proyecto de dictamen. No se estableció un plazo limite para que sea presentado. Los togados no limpiaron el caso, simplemente lo dejan en suspenso, sin fijar fecha para retomarlo ni determinar tiempos para aprobar el dictamen. Queda todo a consideración de los tiempos político-electorales de México, de Francia y hasta de Estados Unidos.

Los ministros exhibieron una gran negligencia al restringirse a los aspectos puramente legales del caso de Florence Cassez y al voltear la cabeza para no ver lo putrefacto del proceso, de principio a fin,  en que fue sentenciada. No se repartieron los daños que esto causo, no sólo en México sino también en Francia; no se resarcieron los perjuicios a las víctimas; la falta de resolución quedó como un producto más de un trinquete de algo chueco. Una vez más imperó el rating de Televisa y Televisión Azteca sobre la verdad. Hasta el momento, se impuso la venta de espacios de tiempo aire televisivo al gobierno federal a la legalidad, a la justicia. El duopolio cometió el grave delito no tipificado de faltar a la veracidad y queda impune, como también siguen impunes los implicados directamente: Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública y hombre fuerte del régimen calderonista quien en el momento de la aprehensión de Cassez se desempeñaba como director de la AFI; Luis Carlos Palomino, actual coordinador de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y que entonces ocupaba la dirección general de Planeación y Operación Policial de la AFI, además de ser el sujeto que abrió la cabaña para que ingresaran los de la AFI que “iban al rescate”; Francisco Javier Garza Palacios, coordinador del Grupo de Operaciones Especiales de la AFI en el 2005 y quien iba encabezando el operativo; Olga Lizeth Parra Salazar, jefa de la Unidad de Información y Análisis de la SSP y quien en el momento de la “captura” estaba como directora general de Planeación Policial.

La resolución de los togados no sólo fue bien recibida por los mencionados en el párrafo anterior quienes intentan ganar tiempo esperando que el PAN repita en el poder y el caso quede sellado, sino también por Isabel Miranda de Wallace, quien acudió a la sesión acompañada por dos de las víctimas secuestradas, sin opinar sobre las actuación que prestaron al montaje. El gobierno francés lamentó “vivamente” la decisión de la SCJN y dijo, a través de su Cancillería, que espera que “la verdad” se restablezca pronto. Bernard Valero, portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, declaró que “Francia toma nota de las deliberaciones de la Corte Suprema de México. Lamentamos vivamente que tengan por efecto mantener a Florence Cassez en prisión”.  A través de un comunicado señaló: “esperamos vivamente que la Corte Suprema pueda pronto restablecer la verdad y darle su libertad a Florence Cassez”.  La madre de Florence, Charlotte Cassez, señaló en una rueda de prensa en París sentir “una ira enorme, estoy extremadamente triste, decepcionada, consternada. Otra vez tenemos meses de espera”.  Agustín Acosta, el abogado de Cassez, destacó que lo importante es que la Corte ya estableció que se cometieron graves violaciones contra su representada y confió en que en el nuevo proyecto que se elaborará se le otorgará el amparo.

El hecho concreto es que luego del show mediático montado en torno a este revivido caso para la televisión, la Francesa Florence Cassez no saldrá de prisión. Tres ministros de la Primera Sala de la SCJN se opusieron al proyecto de su homólogo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que proponía la libertad inmediata de la sentenciada a 60 años por el delito de secuestro. El ministro José Ramón Cossío Villegas se mostró a favor de un amparo a Cassez pero no para que se declare su absoluta e inmediata libertad, sino para efectos de que se revise la sentencia en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal. Consideró que la puesta en escena de su captura para la televisión “no vició” el proceso legal y se manifestó a favor de rechazar la sentencia de 60 años, por lo que propuso que se dicte una nueva.

Por su parte, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia se pronunció en contra de conceder un amparo a Cassez y declaró que “no se corrompió” el proceso legal, a pesar de que se hayan violado “algunas reglas” durante su detención. El ministro Jorge Pardo Rebolledo coincidió con las “irregularidades” advertidas por Zaldívar en su propuesta y dijo que éstas deben ser sancionadas con base en las leyes respectivas, pero se separó del proyecto de su colega en la conclusión y en los efectos que se atribuyen a estas violaciones. No obstante, reconoció que en el proceso de la ciudadana francesa se violaron sus derechos fundamentales y cuestionó particularmente el montaje televisivo al calificarlo de “acto reprobable que debe ser castigado”. Sólo Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero votaron por la concesión del amparo y la liberación inmediata de la acusada.

A nadie le quedó duda sobre la manipulación de la aprehensión de la ciudadana francesa lo que contaminó su proceso judicial desde el origen. Hasta el ex jefe de información de Televisa, Juan Manuel Magaña, durante una entrevista radiofónica, confirmó que fue un “quiu” lo que dio inicio al operativo donde se detuvo a Florence Cassez y su novio, Israel Vallarta,  líder de la banda de secuestradores, en el Rancho Las Chinitas. Consciente de lo que se veía venir por la presión del titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, y los poderes fácticos de los medios de comunicación, pues hasta en los diarios de circulación de la capital de la República mexicana publicados el miércoles se adelantó el escenario que se presentó en la Primera Sala de la SCJN, y a unos minutos de que se iniciara la revisión del caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, exigía que se respeten las instituciones y la división de poderes; rechazaba que la ley pueda cumplirse a capricho; y se pronunciaba en contra del “abuso del poder” del que, advirtió: “es el paso previo al autoritarismo y a la impunidad”.

Es exactamente esto último lo que ha quedado y también, como bien lo señaló Andrés Manuel López Obrador, persiste el gran desprestigio a México. Para el candidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas para desagraviar a los ciudadanos y al Estado Mexicano.

Lilia Arellano - Opinión EMET