El gobierno de Felipe Calderón administró caóticamente el patrimonio público federal; el inventario de bienes inmuebles está incompleto, miles de no están valuados, otros miles éstos no tienen la documentación que los acredite como propiedad gubernamental y otros tantos ni siquiera aparecen en los registros. Todo ello, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, tiene al patrimonio nacional en incertidumbre jurídica
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