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De acuerdo con la encuesta, el problema de la discriminación es tan grave, que 3.4 millones de mujeres piden permiso a su pareja o esposo para decidir por quién votar, por lo que Bucio Mejía advirtió que esa cifra representa un alto porcentaje.
Al participar en la conferencia “Derechos de las mujeres en México; avances y desafíos contra la discriminación de género”, en la Universidad de Guanajuato, indicó que el segmento de la población que justifica más la violencia contra las mujeres son los jóvenes de 14 a 17 años.
Estos datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, realizada por el Consejo Nacional Prevenir la Discriminación.
“Se le preguntó a los encuestados, en qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer, el 78 por ciento dice que a la mujer no se le pega, ocho por ciento no sabe si se le tiene que pegar, seis por ciento por infidelidad, 11 por ciento lo justifica por desobedecer a esposo o padres, cuando se lo busca, cuando lo provocan”, indicó.
Cuando se les preguntó que si creían que las mujeres son violadas por provocar a los hombres, 76 por ciento estuvo en desacuerdo, pero 22.5 por ciento cree que sí, es decir, uno de cada cuatro creen que la culpa de violación la tienen las mujeres.
Dijo que el 95 por ciento de la población en México cree que se golpea a las mujeres.
De acuerdo con la encuesta, el problema de la discriminación es tan grave, que 3.4 millones de mujeres piden permiso a su pareja o esposo para decidir por quién votar, por lo que Bucio Mejía advirtió que esa cifra representa un alto porcentaje del padrón electoral y es mucho más del número de votos que determinaron la última elección presidencial en 2006, que resolvió por 254 mil votos.
En entrevista posterior, Bucio Mejía fue cuestionado sobre el tema de la criminalización del aborto.
“La decisión en principio, más íntima y más profunda de abortar, siempre le toca de alguna manera, lo diga la ley o no, le toca a la mujer que lo hace, que en el fondo asume no sólo esa decisión, sino la responsabilidad”, dijo.
Señaló que lo que tendría que hacer el Estado es garantizarle derechos y mecanismos de protección.
Planteó que alguna ley antiaborto debe someterse a un debate público, pero no a un debate ideológico.
“No puede ser un debate de posturas ideológicas, lo único que se debe garantizar desde la acción del Estado es el marco legal. Al Estado no le toca decidir por las percepciones morales o personales de nadie, le toca decidir sobre el marco legal, abrirse el debate, conforme al nuevo marco constitucional”, sostuvo.
Redacción EMET