De acuerdo con los familiares de los reos, Los Zetas tenían el control de la cárcel de mediana seguridad y exigían "cuotas" a los internos para que no los golpearan e incluso cobraban por todos los servicios, incluyendo la comida.
El gobernador del norteño estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, dijo en rueda de prensa tener información de que los fugados pertenecen al grupo criminal de Los Zetas, entre ellos un líder local, y que los prisioneros "asesinados" forman parte del Cártel del Golfo.
Ello demuestra en principio, que "continúa la rivalidad de estos grupos", que en marzo de 2010 rompieron su alianza y desde entonces mantienen una cruenta lucha por el control de varias regiones del país, apuntó.
Las autoridades separaron de sus cargos y sometieron a investigación al director de la cárcel, Jerónimo Miguel Andrés Martínez; al subdirector, Juan Hernández, y al jefe de seguridad del penal, Óscar Devece Laureano.
También fueron destituidos el comisario general de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Ernesto García Guerrero, y 18 guardianes que en ese momento se encontraban en la cárcel.
"Estamos deslindando responsabilidades, tomando declaraciones", afirmó el gobernador, quien precisó que los reos "se fugaron por la torre seis".
Medina reiteró que "no hubo detonaciones de arma de fuego" y que las 44 víctimas del enfrentamiento perdieron la vida "con armas punzocortantes".
Horas más tarde, el portavoz del Consejo de Seguridad del gobierno estatal, Jorge Domene, informó de que nueve guardias del penal confesaron su complicidad en la fuga de 30 reos y de permitir que un grupo de los Zetas ingresara a otro dormitorio para matar a 44 presos miembros del cartel del Golfo.
Según esos testimonios, después de la una de la mañana comenzó la fuga de los 30 reos, a quienes los guardias les permitieron llegar a la torre seis para bajar y escapar.
Minutos después los custodios permitieron que un grupo indeterminado de internos se pasara de una sección a otra donde estaban los 44 reos pertenecientes al cartel del Golfo, quienes fueron asesinados con golpes certeros en la cabeza y con armas punzocortantes.
Testimonios de familiares de los presos señalan que en la madrugada "se escucharon disparos e incluso una explosión" y que después se observaron "columnas de humo".
Otro familiar aseguró que media hora antes de que comenzara la reyerta -según las autoridades-, unos hombres ajenos al penal ingresaron con armas de fuego.
De acuerdo con los familiares de los reos, Los Zetas tenían el control de la cárcel de mediana seguridad y exigían "cuotas" a los internos para que no los golpearan e incluso cobraban por todos los servicios, incluyendo la comida.
Al parecer unos 20 reos procedentes de Nuevo Laredo y miembros del Cártel del Golfo intentaban arrebatar el control de la prisión a Los Zetas.
La situación del penal se empezó a descomponer hace más de un año con la llegada de "muchos zetas", contó la madre de un interno, quien indicó que desde principios de mes circulaba el rumor de que un grupo "se fugaría de la prisión".
El gobernador de Nuevo León, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que la mayoría de los fugados, 25, estaban presos "por delitos federales", entre ellos delincuencia organizada y narcotráfico, y cinco por delitos del fuero común.
Para su recaptura, pidió la colaboración de la ciudadanía y ofreció "hasta diez millones de pesos (787.400 dólares)" por información.
Medina anunció la instalación de una mesa de apoyo para sus familias y prometió una investigación a fondo con la participación de autoridades federales.
Admitió las condiciones de hacinamiento de la cárcel de Apodaca, donde el 60 % de los reos son federales y el 40 % del fuero común, lo que complicó el manejo de los mismos.
Por ello, solicitó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el traslado de un grupo importante de reos federales a otros penales, incluso de alta seguridad.
Destacó que está en marcha "un proceso de modernización" del sistema penitenciario y de reforzamiento de los mecanismos de vigilancia para afrontar esta "situación extraordinaria" que está viviendo el estado, uno de los más violentos de México.
Medina anunció la instalación de una mesa de apoyo para sus familias y prometió una investigación a fondo con la participación de autoridades federales.
Admitió las condiciones de hacinamiento de la cárcel de Apodaca, donde el 60 % de los reos son federales y el 40 % del fuero común, lo que complicó el manejo de los mismos.
Por ello, solicitó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el traslado de un grupo importante de reos federales a otros penales, incluso de alta seguridad.
Destacó que está en marcha "un proceso de modernización" del sistema penitenciario y de reforzamiento de los mecanismos de vigilancia para afrontar esta "situación extraordinaria" que está viviendo el estado, uno de los más violentos de México.
Con información de EFE
