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La nomenclatura priísta –dirigencia nacional y sus grupos parlamentarios- decidió pasar a la ofensiva contra el gobierno de Felipe Calderón tras la arremetida de la Procuraduría General de la República
El presidente del CEN del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, acompañado de legisladores federales y otros dirigentes, salió a conferencia de prensa para destacar que los hallazgos de la ASF en la Cuenta Pública 2010 son “preocupantes y desalentadores” y exhiben que “el gobierno gasta mucho en lo superfluo y es ineficaz en lo indispensable”. Indicó que el año del Bicentenario quedará en la memoria del país como el año de la ineficacia, el despilfarro y la deshonestidad del Gobierno Federal. Subrayó que las principales conclusiones de la Auditoría demuestran que los costos para el país trascienden el mal uso de los impuestos de todos los mexicanos: las acciones y omisiones en el ejercicio de los recursos públicos no sólo mermaron la calidad de vida de amplios segmentos de la población, sino que en algunos casos tuvieron consecuencias fatales.
El diputado federal Francisco Rojas, por su parte, invitó a legisladores y fracciones parlamentarias de otros partidos a agotar el análisis y dictaminación de dicha cuenta pública en el último período de actividades legislativas y que el proceso se agote con la publicación final de la determinación de la Cámara baja, toda vez que la lectura preliminar del documento exhibe la irresponsabilidad del Gobierno de Felipe Calderón en el manejo de los asuntos públicos. Dicho informe de la ASF muestra que sólo el 29 por ciento de las auditorías practicadas tuvo un dictamen limpio; el 38% tuvo salvedades –errores que no pudieron ser justificados- y hay 28 dictámenes negativos y otro tanto que por diversas razones no ha sido posible que la ASF emita su opinión.
El legislador destacó que entidades como la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, entre otras, han recibido observaciones muy delicadas que deben ser concluidas, o con el resarcimiento del daño material causado, con la corrección de los programas fracasados o, en su caso, con las responsabilidades penales a que haya lugar. Afirmó que “no se trata simplemente de la reiteración de las denuncias de hechos por demás escandalosos, que haya estado en los medios en los últimos años, ahora se trata del informe del órgano de fiscalización superior, que tiene autonomía técnica y de gestión y que ha realizado más de mil auditorías”.
El coordinador de la bancada priísta en San Lázaro declaró que no puede ser que frente a la denuncia de tantas irregularidades, el Poder Legislativo no tome las medidas necesarias para contribuir a que el rumbo del país se encauce con la garantía de un puntual proceso de rendición de cuentas; anunció que negociará con otros grupos parlamentarios la aprobación de una reforma constitucional para dotar a la ASF de mayores facultades que le permitan sancionar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción; y concluyó que su grupo parlamentario insistirá en la dictaminación de la Cuenta Pública y en la discusión, la próxima semana, del proyecto de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
A su vez, el diputado César Augusto Santiago denunció que el gobierno federal cuenta con 333 mil millones de peso en disponibilidad para usarlos discrecionalmente; y el diputado Sebastian Lerdo de Tejada consideró que mientras las deudas de los estados crecieron 42 por ciento, las de la administración federal lo hizo en 90 por ciento cifra que, destacó, representa el 34 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
PRIISTAS “INDIGNADOS”
Los priístas entregaron un comunicado en el que sostuvieron que “le alarman e indignan” temas como los siguientes: “1) los hijos de las madres trabajadores continúan en riesgo. No obstante la tragedia del incendio de la Guardería ABC en junio de 2009, durante 2010 la totalidad de las guarderías auditadas incumplió con la normatividad de seguridad y Protección Civil así como la respectiva Norma Oficial Mexicana; 2) hubo negligencia en la supervisión de casas de juego, entre ellas el Casino Royal, donde lamentablemente se perdieron vidas; 3) quedó patente la falta de compromiso del Gobierno Federal con los mexicanos más vulnerables. Sólo ejerció 69.4 por ciento del presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario. Este subejercicio tuvo consecuencias inadmisibles e inmorales. A lo largo de 10 meses, la Secretaría de Desarrollo Social no entregó los complementos nutricionales y la leche fortificada a niños en situación alimentaria crítica y en todo el año nunca se les entregó a mujeres embarazadas y en lactancia, lo que seguramente tendrá efectos negativos en su desarrollo y salud en el largo plazo.
“4) Todo indica que los festejos del Bicentenario se convirtieron en una fiesta de corrupción e ineficacia. El despilfarro en este rubro asciende, cuando menos, a 3 mil 751 millones de peso. Entre las tantas irregularidades detectadas por la Auditoría sobre este tema, destaca que las adjudicaciones se efectuaron de manera directa y sin sustento en su justificación. Se transfirieron millonarios recursos a TURISSSTE, sin que éste tuviera la capacidad ni las facultades para realizar los servicios. Todo esto demuestra que el Gobierno Federal tiene perdida la brújula. 5) para no rendir cuentas, se escondieron recursos en fideicomisos. Se transfirieron 16 mil 172 millones de pesos a Fideicomisos y Mandatos. Este monto equivale a 6 veces los recursos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, será ejercido sin tener que dar explicaciones a la sociedad”.
Lilia Arellano - Opinión EMET