Por qué la continuidad es imposible. (Guillermo Fabela Quiñones)

 

Ahora el mal ya está hecho, el pueblo mexicano está sumido en un lodazal de inseguridad y violencia, y el inquilino de Los Pinos pretende sacarlo con discursos

La pérdida del Estado de Derecho en este sexenio, hace obligatoria una gran estrategia orientada a recuperarlo. No sería posible poner en marcha un programa de gobierno, serio y responsable, sin antes fincar condiciones que permitan establecer un sistema de administración y procuración de justicia, que garantice la implantación de reglas mínimas de convivencia social. En la actualidad son inexistentes, como lo patentiza la creciente inseguridad que se vive en el país, a extremos inauditos para una nación que se autoproclama democrática y justa, según la propaganda gubernamental.

            Los casos documentados de personas afectadas por la escalada de violencia, son la demostración más dramática de que México es ahora una nación donde sólo los poderosos tienen acceso a la justicia. Así lo patentiza la realidad, sobre todo la que viven las víctimas del proceso de descomposición en marcha desde hace diez años, que aceleró el que se venía creando a partir de que comenzaron a implantarse políticas públicas antidemocráticas, acordes con las recomendaciones del Consenso de Washington.

            El más reciente de estos casos es el de la activista Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, madre de Lilia Alejandra, quien fue secuestrada en Ciudad Juárez en febrero de 2001, y luego de ser sometida a torturas sexuales fue brutalmente asesinada. Desde entonces, su madre ha reclamado justicia, tanto en instancias locales como federales, de manera infructuosa. Tuvo que salir de Ciudad Juárez por los atentados de que ha sido víctima, pero en el Distrito Federal, donde ahora reside, volvió a sufrir un nuevo intento de homicidio el pasado viernes 3 de febrero.

            La señora Andrade denunció que la PGR se ha negado sistemáticamente a negarle protección e investigar este nuevo atentado, con el argumento de que no le compete la investigación de este hecho, no obstante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó medidas precautorias que no pueden estar supeditadas a una averiguación previa. La autoridad federal sólo se comprometió a analizar el caso y en quince días determinará si dispone de una custodia e investiga el ataque. Dos semanas que seguramente se convertirán en una pesadilla para la defensora de derechos humanos.

            Por lo pronto, ya están advertidos quienes buscan arrebatarle la vida, de que disponen de dos semanas para perpetrar su nefando crimen. Cabe recordar que por no hacerle caso a sus reclamos de protección, fue vilmente asesinada la señora Marisela Escobedo, madre de otra muchacha igualmente asesinada, mero enfrente del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, donde estaba plantada en espera de justicia, la cual nunca llegó. Lo mismo le sucedió a Susana Chávez, creadora del lema “¡Ni una más!”, quien fue secuestrada, violada y mutilada el 11 de enero de 2011, también en la ciudad fronteriza, otrora la más tranquila, bulliciosa y progresista urbe fronteriza de México.

            Con todo, el caso más dramático es el de la familia Reyes Salazar, cuyos 31 integrantes han tenido que abandonar Ciudad Juárez, luego de que seis de sus miembros fueron asesinados en tres diferentes episodios el año pasado. Hasta una amiga de la familia, quien cuidaba al nieto de una de las activistas, fue “levantada” por un grupo armado el 14 de agosto de 2011 y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero. El activista Saúl Reyes Salazar acaba de obtener asilo político en El Paso, Texas, no obstante las restricciones contra mexicanos de parte del Servicio de Inmigración y Naturalización.

            Ante tal realidad, queda muy claro que México dejó de ser un país de leyes, y que ahora más parece una nación tercermundista en virtual estado de guerra, como la que experimentan actualmente naciones del Medio Oriente. Tal es el saldo del empeño de Felipe Calderón en querer dizque combatir al crimen organizado con los mismos procedimientos violentos que utilizan los delincuentes. Cada año del sexenio se ha recrudecido la violencia, sin que la ola delictiva haya disminuido un ápice.

            La descomposición social ha ido en constante aumento, y ahora, cuando ya es demasiado tarde, Calderón se da cuenta de la necesidad de hacer algo por revertir esta triste realidad, con acciones electoreras que no tendrán una mínima repercusión, como el decreto por el cual se convierte en obligatoria la educación media superior, y como la tardía autorización para destinar recursos para la atención a las consecuencias de la sequía, luego de que se negara a aprobarlos en diciembre, argumentando que no se podía “sacar dinero de las mangas”. Ahora el mal ya está hecho, el pueblo mexicano está sumido en un lodazal de inseguridad y violencia, y el inquilino de Los Pinos pretende sacarlo con discursos demagógicos, el último recurso que le queda.

Guillermo Fabela Quiñones - Opinión EMET