Las organizaciones defensoras de derechos humanos refutan los datos oficiales que hablan de menos de 50 mil muertos hasta septiembre del año pasado al precisar que en la contabilización oficial de las estadísticas de las 32 procuradurías
De acuerdo con ese riguroso conteo, que utilizó como metodología la comparación de las tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, el número de muertos en los cinco años de guerra calderonista contra el narcotráfico “ya superó los 60 mil”, entre los que figuran presuntos delincuentes y sicarios –que formaron parte de las estructuras de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Zetas, Juárez, Pacífico, Independiente de Acapulco, Milenio, La Familia Michoacana y Caballeros Templarios-, policías, soldados, marinos y civiles –denominados “daños colaterales”- que fueron privados de la vida a través de “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”. Entre estos se encuentran por supuesto los asesinatos múltiples como los 26 cadáveres arrojados en Guadalajara o los 35 en Boca del Río; los desenterrados en narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero, por mencionar sólo los que más atrajeron la atención de la opinión pública.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos refutan los datos oficiales que hablan de menos de 50 mil muertos hasta septiembre del año pasado al precisar que en la contabilización oficial de las estadísticas de las 32 procuradurías generales de justicia de los estados, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) no se incluyen los muertos sin nombre, sin identificación y sin número. Sus estimaciones señalan que se pasó de 34 mil asesinatos a finales del 2010 a más 60 mil muertos al inicio de 2012. De acuerdo con los registros oficiales, las entidades más violentas son Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa.
Este sexenio también tiene el “mérito” de haber colocado al país como el más peligroso para ejercer el periodismo, lugar que lo ha ganado por dos años consecutivos, de acuerdo con el informe Campaña Emblema de Prensa (CEP). También Amnistía Internacional (AI) hace el mismo señalamiento y refiere que en 2010, más de la mitad de los periodistas asesinados en América Latina lo fueron en México. Para la Academia Mexicana de Derechos Humanos el 2011 “ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando”.
Lilia Arellano
