Normalistas bloquean y exigen 80 plazas para maestros que aprobaron examen

 

Fotografía: especial

En respuesta, el gobernador Ángel Aguirre Rivero manifestó en entrevista que no hay recursos para nuevas plazas y tan sólo en el sector educativo tenemos un déficit de más de 7 mil millones de pesos.

Uno de los inconformes, entrevistado durante el bloqueo, señaló que su gremio ha pedido las plazas desde septiembre pasado, y reclamó a Ángel Aguirre que en su campaña dijo que apoyaría a los estudiantes, pero ahorita se está viendo que está apoyando con matar a los normalistas (de Ayotzinapa).

Recordó que los inconformes participaron en el examen convocado el 19 de junio anterior por la SEP: nosotros pasamos el examen y no es posible que se nos margine; nos ganamos nuestro lugar a ley; aquí están egresados de las normales públicas de Arcelia, las tres de Chilpancingo, una de Acapulco, y otra de Iguala, si no hay respuesta vamos a radicalizar nuestra lucha.

Por su parte, Aguirre Rivero dijo desear que tuviéramos más plazas para atender estos reclamos, pero lamentablemente no las hay; sin embargo, anunció que esta semana se entrevistará con el encargado de despacho de la SEP, Rodolfo Tuirán, para plantearle que nos ayude, porque no habíamos tenido comunicación, y hubo sensibilidad de parte de él, tomando en cuenta que la Federación hizo un recorte de 500 millones de pesos.

En tanto, Benjamín Ávila Pérez, conductor de la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), aseguró que fue presionado por la Procuraduría General de la República (PGR), para que rindiera declaración sobre la toma de las instalaciones de Radio UAG que realizaron el año pasado alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Me percaté de que existe una lista de varios comunicadores que al parecer serán convocados a declarar, dijo.

En entrevista, el trabajador universitario manifestó que esta tarde compareció ante la delegación de la PGR en Chilpancingo, para rendir su declaración respecto “de mi experiencia cuando los normalistas de Ayotzinapa tomaron los micrófonos de Radio UAG, para explicar su mensaje de inconformidad a la ciudadanía.

Me dio la impresión de que están haciendo el trabajo sucio. Quieren criminalizar la lucha social de los jóvenes mediante la integración de una averiguación previa. Yo les dije que no me correspondía interponer la demanda, que en todo caso la instancia era la dirección de asuntos jurídicos de la UAG, o el propio rector; yo simplemente soy un trabajador, señaló Ávila Pérez.

Redacción Emet - La Jornada