López Obrador, el único sin compromisos con intereses creados. (Guillermo Fabela Quiñones)

Esta realidad es el principal factor que incidiría en el imperativo de hacer cambios de fondo en el sistema político, a fin de intentar salvarlo

La ingobernabilidad en el país es un riesgo muy presente, no sólo por la incapacidad del jefe del Ejecutivo para establecer equilibrios básicos, sino por las consecuencias que tendrá, en los meses que restan para que termine el sexenio, la terrible corrupción que ha sido la principal característica de este “gobierno”, de la que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de mostrar una punta. Donde quiera que se ponga el dedo salta el pus, producto del afán de Felipe Calderón de aprovechar su paso por Los Pinos para enriquecerse y favorecer a sus más cercanos amigos y colaboradores.

Como las cosas no cambiarán, a pesar de estar próximo ya el fin de su mandato, como lo evidencia su absoluta falta de autocrítica y sentido común, es preciso demandar al Congreso que cumpla su papel y evite que la impunidad se enseñoree de la vida política nacional en lo que resta del año. Es un buen paso que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, acordara citar a comparecer ante el pleno al titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, para que explique por qué se han archivado casi la totalidad de casos de presunta corrupción en el actual sexenio.

Cabe adelantar que no tendrá argumentos creíbles para hacer tal explicación, porque no la hay. Ni modo que acepte que el “gobierno” panista llegó al poder únicamente para hacer buenos negocios bajo el manto protector de la casa presidencial, objetivo en el que ha tenido resultados espectaculares, como así habrá de comprobarse una vez que Calderón abandone Los Pinos y asuma la responsabilidad del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, el único de los candidatos que no tiene compromisos con intereses creados y con prácticas espurias.

Es por demás obvio que seguir por el camino trazado por Calderón llevaría al país al caos, pues no sería posible una mínima gobernabilidad en un entorno donde el Estado de Derecho fuera sólo una frase hueca. Y con el caos no quedaría otra opción que instaurar una dictadura militar, situación con la que nadie saldría ganando, ni siquiera quienes la encabezaran, porque no habría posibilidad de establecer negocios, y los que existen se verían seriamente afectados. Si en lo que va del año, más de 120 mil empresas han tenido que cerrar sus puertas, por la caída en la operación de negocios, no es difícil imaginar lo que podría ocurrir en una realidad caótica, donde la ley fuera un sueño inalcanzable.

El paraíso de la impunidad en que convirtieron a México los tecnócratas neoliberales, ha tenido muy graves consecuencias no sólo en el ámbito económico, sino sobre todo en el tejido social. De ahí el imperativo de acabar con un flagelo tan aberrante como la corrupción que se da en las altas esferas del poder. Es alarmante cómo se han estado protegiendo unos a otros los miembros del gabinete calderonista, clara demostración de que no hay una elemental voluntad de atajar el problema. Hasta el propio ex titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, fue cobijado por Calderón al abrirle las puertas para llegar al Senado y así tener un fuero protector, no obstante el escandaloso caso de corrupción en que se vio envuelta su esposa.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes parece tener el récord de gran corrupción, ya que sus labores han obedecido al interés básico de hacer grandes negocios, como lo evidencia el caso de la compañía Mexicana de Aviación, que se quiere llevar a la quiebra con tal de favorecer intereses privados, nacionales y extranjeros, a cambio seguramente de cuantiosos beneficios para la cúpula burocrática, sin que importen los daños a los trabajadores de la empresa y mucho menos las consecuencias al país. El asunto de las telecomunicaciones quedará registrado como un paradigma de alta corrupción, sin que ello importe a Calderón un ápice.

Así lo deja ver la orden de la Secretaría de Gobernación para que los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no acompañaran al presidente de la misma, Mony de Swaan, en la comparecencia que debieron tener el miércoles 22 con los integrantes de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados. Vemos así que el “gobierno” de Calderón se está enredando en sus propios malos pasos, lo que augura un fin lleno de situaciones calamitosas que afectarán al país en su conjunto.

Esta realidad es el principal factor que incidiría en el imperativo de hacer cambios de fondo en el sistema político, a fin de intentar salvarlo y evitar que la ingobernabilidad se convierta en un hecho imposible de frenar. Más de lo mismo, con Josefina Vázquez Mota al frente del Ejecutivo, sería abrir las puertas al caos y al entronizamiento de una corrupción desbordante. No podría ser de otro modo porque llegaría atada de manos por su complicidad con Calderón. Y con Enrique Peña Nieto las cosas no irían mejor, porque también está muy comprometido con intereses que se consolidaron en el pasado en base a una corrupción de gran calado.

Guillermo Fabela Quiñones - Opinión EMET