En 1857, durante las discusiones del Congreso Constituyente, Ignacio Ramírez, el Nigromante, propuso que “el saqueo del erario [fuera] considerado [como] un delito grave y equiparable a la traición a la patria, porque los Estados y su gente cuentan con esa erogación presupuestal que resolvería sus apremiantes necesidades”. También manifestó que el presidente debería de ser destituido por el Congreso, sin más declaratoria que la votación por mayoría simple, por “traición a la patria, comprometer la soberanía política o económica de la nación, el patrimonio y los recursos nacionales a favor de Estados o empresas extranjeras o nacionales, en detrimento del pueblo, por asociarse en forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, al violar con ello las leyes de equidad vigentes en México por disponer del Ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo, por mentir a éste y no acatar las resoluciones y las leyes emanadas del Congreso”.
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