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Ratifica comisión de Vigilancia 280 mdp en anomalías en la cuenta 2009 del Legislativo
Los cargos fueron fincados a los ex diputados miembros de la comisión de Administración en la Legislatura 58. Y si el dictamen aprobado ayer al interior de la comisión de Vigilancia corre la misma suerte en el pleno del Congreso local, los ex legisladores priístas Jorge Arana y Jorge Villanueva, la panista Norma Angélica Aguirre, el perredista Samuel Romero Valle, Luis Manuel Vélez Fregoso del Verde Ecologista, el petista Alfredo Zárate y Lorenzo Moccia y José Guadalupe Madera Godoy, de Nueva Alianza, tendrán que solventar las irregularidades con cerca de 35 millones de pesos cada uno.
Las observaciones fueron divididas en tres periodos: uno que abarcó del inicio de 2009 hasta el 26 de agosto de ese año, por un monto de 180 millones de pesos; otro desde el 27 de agosto al 27 de octubre de 2009, por 14.4 millones de pesos; y el último, hasta el final de ese año, por 39.2 millones de pesos.
Entre las observaciones destacan: 74.3 millones de pólizas sin comprobantes; 35.2 millones de pólizas que no coinciden con reportes contables; 32.1 millones de pesos correspondientes a sueldos de personal; y 22 millones de pesos en honorarios, entre otras.
Todos los involucrados no entregaron documentos que comprobaran el gasto de los anomalías observadas, detalló el presidente de la comisión de Vigilancia de la actual Legislatura, el diputado priísta, Salvador Barajas del Toro.
“Es la falta de documentación comprobatoria en algunos de los proveedores que surtieron algunas de las necesidades del Congreso, algunos de los temas de las nóminas que no se acreditaron con los trabajadores que supuestamente fueron cubiertos con recursos del Poder Legislativo y que llegan a un cargo como lo ha aprobado esta comisión de más de 280 millones de pesos”, describió Barajas del Toro.
Y añadió: “cada uno de estos diputados integrantes de esta comisión de Administración tendrían que dar un seguimiento a todos aquellos diputados que pudieran estar involucrados o funcionarios para que reintegren estos recursos, pero los responsables ante la Auditoría y ante el Congreso son quienes integraban la comisión de Administración”.
Si el dictamen es aprobado también por el resto de los diputados en el pleno del Congreso, será la Secretaría General la que determine de qué manera cobrará a los ex diputados involucrados.
Por lo pronto, la comisión de Vigilancia no puede pedir que el dictamen se revise de nueva cuenta, ya que ninguno de los legisladores entregó elementos que pudieran contradecir las observaciones hechas por la ASEJ.
Pero los ex diputados tienen aún dos ases bajo la manga: acudir ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) o, como lo marca la Ley de Fiscalización, que el pleno de la actual Legislatura regrese a la ASEJ el dictamen, sólo en caso de que existan elementos que puedan sustentar los cargos.
Barajas reconoció que esta es la primera vez en la historia del Congreso local que diputados sancionan a sus antecesores.
“Esto está del carajo, que yo pueda darles una respuesta sin saber de qué se trata. Yo no he tenido ningún conocimiento oficial, en lo personal, nadie me ha convocado de manera oficial”, expresó Jorge Arana Arana ayer, entrevistado vía telefónica.
Barajas del Toro aseguró que la Secretaría General del Congreso, notificó meses antes a cada uno de los ex diputados sobre las observaciones a la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo.
“Yo no sé lo que diga la Secretaría General, la comisión de Vigilancia o Salvador Barajas, nunca he sido requerido para información ni para aclaraciones”, agregó Jorge Arana.
Redacción Emet - La Jornada