- Obtener vínculo
- Correo electrónico
- Otras apps
Fotografía: especial
Señalaron que la situación en ese penal del norte del país ha sido consecuencia del “dominio” de los grupos de poder y la corrupción de autoridades penitenciarias.
Ante este panorama, familiares de internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo enviaron una carta a diputados federales de las comisiones de Derechos Humanos y Participación Ciudadana.
En la misiva, solicitaron que la Cámara de Diputados emita un exhorto para que la Secretaría de Seguridad Pública federal, el Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) tomen el control operativo de dicho penal.
Los familiares de esos internos, quienes se muestran preocupados por la integridad de sus parientes, recordaron que a finales de 2011 solicitaron al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la intervención inmediata en ese penal.
“Grupos armados externos del penal realizan extorsiones y vejaciones a los detenidos, todo ello con el aval de las autoridades penitenciarias”, resaltaron.
En su momento, el secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Gustavo González Hernández, sostuvo en entrevista que es urgente la intervención de las fuerzas federales en el penal de Chilpancingo.
Es necesario evitar que se repita un caso similar al de Apodaca, para nadie es un secreto que en las cárceles estatales hay “autogobiernos” y pugnas entre grupos delictivos, señaló.
“Se debe intervenir de manera inmediata en Chilpancingo por parte de fuerzas federales, con plena coordinación de las autoridades de Guerrero y avanzar en la reforma para crear penales de máxima y súper máxima seguridad para evitar este tipo de amenazas, extorsiones y vejaciones en contra de presos”, expuso.
El legislador federal del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que el penal de Chilpancingo se suma a los “focos rojos” que hay en el sistema penitenciario de los estados.
Por eso es urgente “despresurizar” esas cárceles mediante el traslado de reos federales a cárceles de máxima seguridad y evitar más tragedias como la que se registró hace una semana en Apodaca, Nuevo León, refirió.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, Arturo Santana Alfaro, coincidió en realizar operativos sorpresa en los penales estatales.
Así, dijo, se podrán detectar a las bandas que operan dentro, no sólo para organizar extorsiones y secuestros, sino para “gobernar” al interior de las cárceles.
Sobre la preocupación de familiares de detenidos en el penal de Chilpancingo, dijo que se debe actuar inmediatamente por parte de las autoridades federales para evitar muertes y fugas, las cuales han sido la constante en los últimos años, prácticamente en todo el país.
A su vez, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que el gobierno federal debe acelerar la construcción de los penales federales de alta seguridad y trasladar a reos de alta peligrosidad.
Así, aseveró, se quitará “presión” a los estados por el cuidado que deben dar a este tipo de internos.
Los legisladores coincidieron en que el caso de Chilpancingo se suma al reciente hallazgo de “autogobiernos” y corrupción en penales como el de Acapulco, por eso es necesaria la intervención de autoridades federales para realizar una “purga” al interior de esos Ceresos.
Respecto a la petición de familiares de una decena de internos del penal de Chilpancingo para que intervenga la CNDH ante los casos de maltrato y amenazas, señalaron que se debe investigar a fondo, incluidas a las autoridades del penal.
También en la carta se denunció que en el Cereso de Chilpancingo los internos viven una situación crítica por golpes, amenazas y extorsiones contra los internos, incluso por personas armadas que ingresan al penal a realizar dichos actos.
El diputado federal del PAN, Gustavo González Hernández, subrayó que las autoridades federales deben actuar e insistió que en San Lázaro se debe “descongelar” la iniciativa presidencial para crear penales de máxima y súper máxima seguridad en el país.
Todo ello ante la grave crisis que vive en el sistema penitenciario en los estados, concluyó.
Redacción Emet - ntx