DEA y PGR debilitan a Peña Nieto. (Lilia Arellano)

¿Y en los estados gobernados por el PAN y el PRD no pasa nada?

A Enrique Peña Nieto, precandidato presidencial del PRI, “ya le cayó el veinte” de que la campaña formal por la primera magistratura de la Nación será dura, ríspida, con todo el poder de los aparatos judiciales del Estado mexicano, respaldado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, utilizados para seguir “bajándolo” del primer lugar que ocupa aún en las encuestas sobre la intencionalidad del voto. Sin embargo, su equipo de campaña –y la dirigencia nacional priísta- aún no atina a armar una estrategia de respuesta ante los recientes ataques contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado por la DEA de recibir millones de dólares del Cártel del Golfo y de Los Zetas a cambio de protección para sus operaciones criminales. En la misma táctica va encaminada la aprehensión y los procesos judiciales en contra de ex funcionarios estatales y federales implicados en el denominado “moreirazo”. El cierre de filas priístas sólo quedó en el discurso.

A quien está beneficiando de rebote la arremetida de los panistas encabezados no por su dirigente nacional, Gustavo Madero, ni por su precandidata presidencial Josefina Vázquez Mota -quien ha dejado la planeación e implementación de su campaña en manos de las estructuras partidistas y estatales-, sino por el propio inquilino de Los Pinos, es al precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien con toda precisión señaló en Jalpan de Sierra, Querétaro, que si el gobierno federal tiene pruebas debe proceder judicialmente contra el ex gobernador priísta tamaulipeco, Tomás Yarrington, por su presunta relación contra el crimen organizado. Durante una entrevista tras un mitin en el jardín principal de esa comunidad, precisó que en todo este asunto “tiene que actuarse judicialmente, no aceptar únicamente los reportes de agencias extranjeras, en este caso la DEA, si hay pruebas, se tienen que integrar averiguaciones y se tiene que consignar, pero desde hace mucho tiempo sólo se maneja la parte publicitaria de estos asuntos”.

Al tabasqueño no le falta razón: más que para cumplir con sus funciones constitucionales la Procuraduría General de la República (PGR)se ha caracterizado en esta administración por ser utilizada para atacar a adversarios políticos, aunque en el caso del PRI y PAN a final de cuentas, como el mismo AMLO señaló, después de lanzarse acusaciones se arreglan los asuntos “arriba”. La prostitución de la función constitucional de la PGR la ha llevado a hacer el total de los ridículos en casos que deberían haber sido abordados con todo rigor constitucional y legal como los popularmente conocidos como el “hankazo”, el “michoacanazo” -con el que se estrenó esta estrategia- o incluso como todo parece indicar en el proceso que se le sigue en Estados Unidos al ex gobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, quien, de acuerdo con las declaraciones de su hijo, Mario Villanueva Tenorio, presidente municipal de Othón P. Blanco, será entre octubre y noviembre cuando quede en libertad.

Apenas el pasado miércoles Enrique Peña Nieto exhibió un giro en su estrategia de campaña al modificar su discurso y atacar el PAN cuando la respuesta de la PGR y la DEA fue contundente contra dos destacados ex gobernadores de su partido de los estados de Tamaulipas y Coahuila, Tomás Yarrington y Humberto Moreira. Las dos acciones de carácter judicial con una precisa intención mediática sirvieron también para tapar el efecto del diagnóstico del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, quien, en el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, advirtió que en las actuales circunstancias que vive el país “es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada” y admitir que “la interferencia de la delincuencia organizada en la seguridad y desarrollo de todos nos está generando intrincados momentos”.

El discurso del militar con más alto rango en funciones en el gobierno federal es la aceptación abierta, tácita, contundente del regadero institucional que ha dejado la segunda administración federal panista en el país, como consecuencia no sólo de la incapacidad y la ineficiencia en la actividad gubernamental del Estado, sino sobre todo en su necedad de subordinar los requerimientos y necesidades nacionales y de la población mexicana al esquema internacional de la guerra al narcotráfico que desarrollan las fuerzas armadas de Estados Unidos en todo el orbe, y cuyas acciones se han venido acentuando en México, Centroamérica, el Caribe y parte de América del Sur, con resultados totalmente adversos para sus poblaciones. Como cereza y tal vez exigencia, el General tuvo a bien referirse a una mujer en la Presidencia y a su posición institucional, con lo cual se nota que Calderón marcó la línea de apoyo.

Vale la pena señalar en este punto las declaraciones de López Obrador en torno al discurso de Galván Galván en el sentido de que su próximo gobierno –claro, si el voto ciudadano lo favorece, como señalaban los viejos candidatos priístas- resolverá la situación de inseguridad y serenará al país. El tabasqueño explicó durante su segundo día de gira por San Luis Potosí y la Sierra Gorda de Querétaro que lo hará mediante una nueva policía federal, que vaya regresando a los cuarteles a los elementos del Ejército. También al continuar su precampaña por esa región adelantó que su gestión al frente del país será mejor que la del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Regresando al contexto electoral, este viernes Peña Nieto acusó que existe una campaña del gobierno federal para desprestigiar a su partido en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y destacó que “ha habido comentarios de personajes en Estados Unidos que nos dicen que ahí hay presencia de funcionarios del gobierno federal quienes de forma reiterada han señalado que de llegar el PRI al gobierno podría haber algún pacto. No hay más que una campaña orquestada por el gobierno federal en contra del PRI”. En el mismo limitado esquema, el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, declaró -durante el homenaje por el 62 aniversario del natalicio de Luis Donaldo Colosio- que su partido no está en contra de que se investigue a sus militantes para esclarecer presuntas actividades ilícitas, sino que se recurra a esa estrategia con fines electorales. Sólo eso, únicamente quejas y cada quien se defienda y se rasque como pueda.  ¿En dónde está la contraofensiva? En la sede de Insurgentes Norte ya hasta extrañan al belicoso equipo de Moreira.

El líder panista Gustavo Madero salió ante los micrófonos en una conferencia de prensa a remachar que es “delicada y preocupante” la información publicada –filtración- en la que se revelan acusaciones de la DEA que involucran al ex mandatario tamaulipeco no sólo en la obtención de recursos ilícitos por la venta de protección a cárteles criminales sino también por su presunto involucramiento con el asesinato de otro ex candidato al gobierno de ese entidad, Rodolfo Torre Cantú en 2010. Destacó que esa revelación -sustentada curiosamente sólo en confesiones de “testigos protegidos”, es decir anónimos y desconocidos, están muy en sintonía en confesiones hechas por ex gobernadores priístas como el gobernador Sócrates Rizzo y el ex presidente priísta Miguel de la Madrid Hurtado.

Dentro de ese guión que no se cuidó ni siquiera en ocultar pues lo leyó tal cual y que tuvo como principal objetivo vincular al PRI con el crimen organizado en estados gobernados por el Revolucionario Institucional, el dirigente blanquiazul recordó los casos del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y del ex director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Jesús Gutiérrez Rebollo, acusados también de vínculos con el narcotráfico. Según sus datos, en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango ocurre el 80 por ciento de muertes presuntamente ligadas a la rivalidad entre grupos del crimen organizado.  ¿Y en los estados gobernados por el PAN y el PRD no pasa nada?

Lilia Arellano - Opinión EMET