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AI denunció en una alerta global, amenazas perpetradas por militares en contra de una víctima de homicidio
Así, el organismo humanitario relata al mundo que un indígena resultó herido de muerte por los disparos de integrantes del ejército el 3 de febrero: sus familiares han sido amenazados para que dejen de pedir justicia.
Tras alertar que teme por el peligro que corren sus vidas, Amnistía Internacional detalla que según testigos presenciales, militares dispararon a un indígena tepehuán de 27 años en la cabeza el 3 de febrero pasado.
De esta manera, Amnistía Internacional demanda a las autoridades que brinden protección a toda la familia de Carmen Puerta Carrillo y a todos los testigos del tiroteo, incluidos María Elizabeth Chaparro Almodóvar, Raúl Puerta Carrillo, Jesús Méndez Escudero, Jesús Puerta Carrillo, Ofelia de Jesús Puerta Carrillo y María de Jesús Puerta Carrillo, de estricta conformidad con los deseos de los afectados.
Asimismo, Amnistía Internacional exige una investigación exhaustiva e imparcial, realizada por autoridades judiciales civiles, sobre quien realizó los disparos que mataron a Carmen Puerta Carrillo; que hagan públicos sus resultados y que todos los responsables comparezcan ante la justicia.
Amnistía Internacional insiste en que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas "sean investigadas y juzgadas por las autoridades judiciales civiles".
• Antecedentes
Carmen Puerta Carrillo había estado conduciendo su automóvil en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. Según los pasajeros, Raúl Puerta Carrillo y Jesús Méndez Escudero, el auto circulaba a un bloque de distancia del cuartel militar de la comunidad cuando los soldados abrieron fuego sin que mediara advertencia o provocación.
Carmen Puerta Carrillo murió al día siguiente en el hospital. Su esposa, María Elizabeth Chaparro Almodóvar, presentó una denuncia formal ante la oficina de la Procuraduría General de la República en la localidad de Hidalgo de Parral el 17 de febrero, y tres personas –Raúl Puerta Carrillo, Jesús Méndez Escudero y Jesús Puerta Carrillo– se presentaron como testigos del tiroteo.
Dos hermanas de la víctima –Ofelia de Jesús Puerta Carrillo y María de Jesús Puerta Carrillo– fueron citadas en el cuartel militar el 12 de febrero, donde, según han manifestado, les advirtieron de que no presentaran denuncia o las cosas se pondrían difíciles para ellas.
El hermano del fallecido, Raúl Puerta Carrillo, afirma que el 20 de febrero recibió la visita de un capitán del ejército y el 21 la de un coronel, que le ofreció pagar los gastos relacionados con la muerte de Carmen Puerta Carrillo.
Las vidas de todos los que presenciaron el homicidio de Carmen Puerta Carrillo, y las de los familiares del fallecido, corren grave peligro.
Según datos oficiales, casi 50 mil personas han muerto en México desde diciembre de 2006, a causa de la violencia de los cárteles de la droga y otras bandas, así como la de las fuerzas de seguridad.
También se han desplegado unos 50 mil efectivos de las fuerzas armadas en una amplia zona, incluido el estado de Chihuahua, para combatir a las bandas delictivas.
Amnistía Internacional señala que ha habido un fuerte aumento de las violaciones de derechos humanos –tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas– cometidas por las fuerzas armadas, pero prácticamente -precisa el organismo humanitario- ningún miembro del ejército ha comparecido ante la justicia.
En este marco, señala la agrupación global, las autoridades militares siguen reclamando la jurisdicción para investigar y enjuiciar esos delitos, pese a que en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que todos esos casos debían ser juzgados por el sistema de justicia civil.
Al concluir, Amnistía Internacional confirma que "ha recibido frecuentes informes sobre amenazas dirigidas contra familiares y testigos que presentan denuncias penales, y sobre presiones sistemáticas del ejército contra las familias para que acepten una reducida ayuda económica a cambio de no seguir adelante con las causas judiciales.
Redacción Emet - mvs