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Por segunda ocasión, el juzgado del municipio de Huamuxtitlan dictó auto de formal prisión contra Virginia, indígena náhuatl que desde hace tres años permanece en la cárcel acusada de homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir un aborto
Por segunda ocasión, el juzgado del municipio de Huamuxtitlan dictó auto de formal prisión contra Virginia, indígena náhuatl que desde hace tres años permanece en la cárcel acusada de homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir un aborto espontáneo durante el tercer trimestre de gestación.
Verónica Cruz, coordinadora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que la acusación contra Virginia “no tiene sostén jurídico y es un ejemplo de la falta de justicia para las mujeres, agravada por ser pobres e indígenas”.
Con el auto de formal prisión, luego de permanecer tres años encarcelada sin recibir sentencia, la indígena náhuatl es víctima por segunda vez de la “deshumanización de las autoridades” guerrerenses, que hasta ahora han sido incapaces de actuar ante una “injusticia evidente”, denunció la activista.
Contradicciones jurídicas
En abril de 2006, Virginia sufrió una caída en su casa que no le permitió levantarse. Varias horas después fue trasladada a un hospital en Puebla, donde los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público (MP), supuestamente por inducirse un aborto, ya que, según ellos, su útero presentaba desgarres.
Sin orden judicial, las autoridades catearon la casa de la guerrerense y encontraron rastros de que la indígena tuvo una hemorragia: hallaron al producto sin lesiones, pero no la evidencia sobre la causa de su muerte. Al feto no se le practicó la necropsia para conocer el por qué del deceso.
A pesar de ello, el MP inició la averiguación contra Virginia por el delito de homicidio en razón de parentesco, sin proporcionarle un traductor y un defensor que conozca su cultura y costumbres, en virtud de que ella sólo habla y entiende su lengua.
En contraste con los 17 estados del país que desde 2008 reformaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, Guerrero no tiene una modificación en ese sentido, y en su Código Penal mantiene causales para el aborto legal, entre las cuales destaca cuando sea espontáneo o resultado de una violación sexual o de una inseminación artificial no consentida, y cuando el producto tenga malformaciones genéticas o congénitas.
Entre 2010 y 2011, en estados como Guanajuato y Baja California –donde se aplicaron las contrarreformas constitucionales– fueron encarceladas decenas de mujeres que sufrieron abortos espontáneos y a quienes –al igual que a Virginia– se les acusó de “homicidio en razón de parentesco”.
Revista EMET - APRO