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De igual forma, solicitó una investigación imparcial y eficaz del operativo en contra de esta comunidad vulnerable, que se establezca los hechos y determine las posibles violaciones de los derechos humanos.
En un comunicado, la organización, informó que el operativo para el cometido, fue conducido por la policía federal y estatal, así como agentes del Instituto Nacional de Migración y tuvo lugar a las cinco de la mañana, el pasado 9 de enero.
De acuedo con AI, se dio de forma sorpresiva y provocó pánico, ocasionando que más de 100 desplazados huyeran, escondiéndose al lado de la frontera en Guatemala.
Al parecer, varias de las familias fueron divididas y al menos un niño de 10 años está separado de sus padres quienes fueron detenidos. Según testigos, los policías intentaron detener a niños y niñas para obligar a sus padres a rendirse, mientras que aquellos que escapaban, fueron amenazados con un operativo más fuerte en el futuro próximo.
Después del acto, relató Amnistía Internacional, los 100 desplazados que huyeron a Guatemala para evitar la detención, regresaron a México a reocupar el campamento que habitaban y que había sido parcialmente destruido.
Hasta el momento han las víctimas han sido entrevistada por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un defensor de migrantes de Tenosique.
Asimismo, el organismo internacional, señaló como grave preocupación que este operativo haya resultado en la división de familias y la desprotección de niños y niñas.
Subrayó que el gobierno de México ha reiterado su compromiso de garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes, por lo tanto, es esencial que cualquier medida tomada por las autoridades garantice el interés superior de los niños afectados. En particular, dijo, no se debe efectuar ninguna repatriación sin cumplir las normas internacionales de los derechos de los niños y las niñas.
Señaló como fundamental, que los detenidos tengan acceso a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que puedan corroborar sus circunstancias y verificar que sus derechos no hayan sido violados.
Como antecedentes, indicó que el 23 de agosto de 2011 la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, La Libertad, Petén fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la Policía Nacional. No recibió notificación previa del desalojo, ni tampoco un alojamiento alternativo.
Durante el desalojo, señaló, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas.
A consecuencia de ello, los 300 habitantes de la comunidad, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México en el estado de Tabasco y hasta el momento, viven en condiciones precarias mientras buscan negociar un retorno seguro a su país y tierras.
Bogdán Castillo