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"De esos 26 millones, la mitad se halla en lo que se conoce estrictamente como el sector informal, el resto está compuesto por profesionistas, entre otros, que laboran por cuenta propia o que están adheridos a los ámbitos gubernamental, financiero o comercial que tienen contrataciones por honorarios, pero que tampoco cuentan con protección social", dio a conocer Ramírez López.
A través de un boletín emitido por dicho instituto, se precisó que en nuestro país sólo 18 millones de personas -registrados en el IMSS y en el ISSSTE-, están incluidas en el sistema de pensiones.
"El gobierno mexicano tiene que cumplir no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino el Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se compromete a darle protección social y laboral a todos los trabajadores".
Asimismo, se destacó que a partir de las modificaciones legales realizadas al IMSS en materia de pensiones, en las que desde el 1 de julio de 1997 se adoptó el modelo de capitalización individual de administración privada, las instituciones de seguridad social se han postrado en una profunda crisis.
"Si las condiciones no se modifican, se agudizarán de manera muy grave en esta década: tendremos viejos pobres sin pensiones, ni seguridad social, donde el Estado quizá, para evitar confrontaciones políticas, tendrá que gastar para darles algo que provendrá de impuestos generales. En este momento, los recursos que manejan las afores, les han dejado una alta rentabilidad", agregó.
La especialista del IIEc detalló que sólo el 20 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años cuentan con una pensión, aunque el monto de la misma, en el 90 por ciento de los casos, es de un salario mínimo.
Ramírez López previó mayores dificultades con ese esquema porque nuestro país se halla en una transición demográfica muy acelerada. "En este momento, los adultos de 65 años representan el 9 por ciento de la población total, pero en el 2050, constituirán el 25 por ciento", precisó.
Bajo este panorama, la académica de la UNAM consideró que ha habido mucha mediatización de que las reformas solucionaron los problemas, aspecto que considera que no sucederá, porque se ha profundizado el déficit de las instituciones de seguridad social.
Cabe señalar que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) registra más de 40 millones de cuentas, aunque sólo se tengan alrededor de 18 millones de trabajadores activos, porque hay trabajadores que abrieron una cuenta y nunca más volvieron a aportar.
"Tenemos 14 años con este sistema (Capitalización individual de administración privada) y este tiempo ha sido de profunda crisis, se considera que 20 millones de cuentas, no tienen aportaciones en los últimos dos años y la aportación que regresará al trabajador al momento de cumplir 65 años será mínima, porque no tendrá derecho a una pensión, en virtud de que no cumplió con las mil 250 semanas", explicó dicha comisión.
Por tal motivo la académica de la UNAM Berenice Ramírez López, considero que el problema es que este sistema de capitalización individual de administración privada busca una rentabilidad y le han cobrado al trabajador comisiones muy altas. En promedio, por cada peso que aportan, solamente 80 centavos entran a ese orden.
Un elemento fundamental que debe integrarse, según Ramírez López, es incentivar la creación de pensiones no contributivas, pues se han creado ‘programitas’ que mantienen la disparidad salarial y la segmentación social, por lo que urge la creación de una política social integral; además tienen que discutirse las reformas paramétricas; es decir, hay que mover las edades de los pensionados, porque al cerrarse los institutos de seguridad social, la esperanza de vida era de 50 años y ahorita estamos en 76.
Marco Antonio Sánchez