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La Ley de Asociaciones Público-Privadas impulsada por Felipe Calderón Hinojosa −calificada por investigadores y expertos como ominosa, y aprobada al final de 2010 por legisladores−, legaliza los contratos de casi medio siglo, las expropiaciones a favor de privados, y la entrega de recursos naturales propiedad de la nación para el desarrollo de negocios financiados con dinero público. Todo, en nombre del “desarrollo nacional”
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