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Con estudios comparativos de la Secretaría de Gobernación y de The Criminal Justice Institute, Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista, evidencia que mantener a 200 mil internos en 45 penales del país representa un costo 263 veces
"Más del 80% del presupuesto de los centros de readapatación se destinan a sueldos de funcionarios y gastos fijos diversos, por lo que se castigan rubros que deberían ser prioritarios como programas de reinserción social", dijo Marique, quien puntualizó que nuestro actual sistema penitenciario es un fracaso porque existen hacinamientos, autogobiernos y carencia de un programa homogéneo de vigilancia.
La manutención de los casi 100 mil internos en México que no han recibido sentencia asciende a 4 mil 400 millones de pesos anuales, a pesar de que la mayoría de los detenidos cometió delitos menores a los 6 mil pesos y en el caso del narcomenudeo obtuvieron ganancias de menos de mil 600 pesos.
De acuerdo con el jurista, postergar las sentencias representa costos muy altos a la sociedad, pues cada recluso cuesta al erario 130 pesos diarios, según las cifras más conservadoras.
El Colegio Jurista consideró que entre los principales problemas que enfrentan los penales mexicanos está el creciente ingreso de personas acusadas por delitos federales, muchas de las cuales esperan meses para ser procesadas en cárceles municipales y estatales. Además, debido a que manejan más dinero que los presos por delitos comunes, son difíciles de controlar y propician el tráfico de drogas.
"La mayoría de los presos tiene pendientes condenas por robos simples, 25% por robos de menos de mil pesos, 50% menos de seis mil pesos, y sólo 5% fueron encarcelados por más de 75 mil", explica el documento.
En el caso de delitos contra la salud, que es uno de los delitos con mayor incidencia durante este sexenio, se detalla que el valor promedio obtenido por la venta de drogas es de mil 168 pesos, y sólo 10% de los casos exceden los tres mil 900 pesos.
Manrique dijo que actualmente el sistema penitenciario presenta sobrecupo de 32% y se concentra principalmente en siete entidades, el costo anual de mantener a presos sin sentencia es de cuatro mil 400 millones de pesos anuales.
Con información de El Universal