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Por ello, dijo, el informe da cuenta de que la situación del derecho a la alimentación, educación, salud, al trabajo, a la vivienda digna y al medio ambiente “sigue siendo precaria en el país y el Estado mexicano continúa sin cumplir con sus obligaciones de garantizar, promover y respetar estas garantías”.
En el documento, detalló el religioso, se da cuenta de que “en lugar de que el Estado cumpla con sus obligaciones de garantizar, promover y respetar los derechos, sigue privilegiando intereses empresariales frente a las garantías básicas de las personas. En diversas ocasiones, disfrazadas de proyectos de infraestructura y supuesto progreso, se ha dado paso a grandes trasnacionales de la minería, la alimentación y la construcción”.
La difícil situación “de emergencia en algunas regiones del país, como en la sierra Tarahumara, debe ser ocasión no sólo para atender la urgencia alimentaria, sino para revisar a fondo las políticas sociales y la situación del campo mexicano por parte de los tres niveles de gobierno, y en especial, por parte del gobierno federal, que es el que elabora las políticas nacionales”, aseveró.
El campo, subrayó, “debe ser absolutamente prioritario en la agenda nacional, en las políticas públicas y en la política social, pues desde hace más de 75 años no habíamos tenido una situación tan grave como la que se está registrando actualmente por sequía, inundaciones, heladas y en general por el cambio en las condiciones climáticas”.
Insistió en que esta “situación cruda, de emergencia en el campo y en la Tarahumara, es una manifestación de que ha habido un descuido de los gobiernos por no dar la prioridad que requiere el agro para garantizar el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria”.
Con información de Víctor Ballinas