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En un estudio, el CESOP establece que la cuarta parte de la población justifica el hecho de que se golpee a los niños para que obedezcan a los mayores
En un estudio, el CESOP establece que la cuarta parte de la población justifica el hecho de que se golpee a los niños para que obedezcan a los mayores, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, coordinada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la que fueron visitados 13 mil 751 hogares, que arrojaron información de 5 mil 295 personas.
En este mismo sentido, se evidenció que los menores que viven en condiciones precarias tienen mayor riesgo de ser víctimas de violación de sus derechos, destacó el CESOP.
El centro de estudios establece que en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán se presentan los mayores niveles de población que justifica, algo o poco, pegarle a un niño. Esto hace que ahí radiquen los indicadores más altos en materia de marginación social.
Con base en este informe, se ratificó que el 27 por ciento de los infantes entre nueve y once años de edad afirmaron que sus padres les golpearon en los meses recientes.
Por otra parte, uno de cada cinco menores se siente ignorado, total o parcialmente, por sus padres y profesores.
Esto muestra que es necesario fortalecer la educación hacia el respeto de los derechos de las personas, así como reforzar las políticas en materia de protección de niñas y niños.
Para abatir este problema, en la actual legislatura se aprobó reformar el artículo cuarto de la Constitución, con la finalidad de garantizar en todas las leyes federales y estatales los derechos de la niñez.
La reforma establece que los niños y las niñas tienen derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.
Esta modificación al artículo cuarto de la Constitución permitirá fortalecer, difundir y promover los derechos de los menores.
Además se adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución, a fin de señalar como facultad del Congreso de la Unión, expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esto pretende fomentar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de protección al infante de los que México forma parte y homogeneizar las leyes sobre el tema.
Rosalba Amezcua