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Asociaciones público-privadas en 84% del territorio nacional. (Contralínea)


En la última década 26 entidades -principalmente bajo administraciones panistas y priístas- han reformado sus leyes para permitir el desarrollo de proyectos de prestación de servicios públicos por parte del capital privado. Con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, concluye el impetuoso esfuerzo de la administración calderonista para otorgar un marco jurídico a la iniciativa privada y que ésta se convierta en un proveedor de obra y servicios públicos permanente

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