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El ombudsman capitalino aseguró que el Estado no debe confrontar a la ciudadanía, sino generar condiciones para que ejerzan sus derechos. La reacción deseable era que se dieran facilidades para que la denuncia fuese atendida y hacer esa defensa ante la CPI.
González Placencia señaló que hay razones suficientes para que se generara una percepción de preocupación por el número de personas que han muerto y han sido desplazadas por el combate al narcotráfico, lo que explica que grupos de ciudadanos busquen respuestas en órganos internacionales ya que no las encuentran en el país.
Con información de Alejandro Cruz
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