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Ante Felipe Calderón, integrantes de su gabinete, los líderes del Congreso y toda la cúpula judicial, aseguró que los jueces y magistrados dedicados a casos penales están corriendo enormes riesgos. Muchos han sido víctimas de los delincuentes
En el tema migratorio, el general Pérez Molina, quien está próximo a tomar las riendas de la Presidencia de su país, felicitó al titular del Ejecutivo mexicano por la probación de la Ley Migratoria y manifestó su compromiso de trabajar por los migrantes a fin de que sean respetados sus derechos humanos y no sean vejados ni víctimas de violaciones a sus derechos humanos en su paso por Guatemala y México, sea por el crimen organizado o por los mismos empleados y funcionarios públicos. A su vez, Calderón se comprometió a mejorar la condiciones migratorias de la región.
También el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, destacó la emergencia que vive México por la situación de inseguridad pública, pero advirtió que “ninguna emergencia será valida ante los tribunales de la Federación para justifica cualquier acción que vulnere en los hechos el principio de protección a los derechos humanos previsto en la Constitución”.
Ante Felipe Calderón, integrantes de su gabinete, los líderes del Congreso y toda la cúpula judicial, aseguró que los jueces y magistrados dedicados a casos penales están corriendo enormes riesgos. “Muchos han sido víctimas de los delincuentes”, dijo al recordar que varios secretarios de tribunales federales han sido ejecutados este año. No obstante, el también presidente del Consejo de la Judicatura federal lanzó una dura defensa de la independencia de los juzgadores. Dijo que “no vamos a aceptar de nadie consignas o influencias que alteren el funcionamiento de los órganos o pretendan vulnerar la autonomía del juez. Aceptamos el derecho de audiencia de la partes, pero rechazamos cualquier forma de injerencia que pueda vulnerar la libertad de criterio”.
Silva Meza también reiteró el reclamo del Poder Judicial por la lentitud para la implementación de la reforma penal de 2008 y recordó que aún no existe un código penal para aterrizarla pese a estar vinculada con la emergencia que vive México. Destacó que “la magnitud de la reforma implica una gran cantidad de recursos económicos que no han sido cuantificados, hay 32 sistemas de justicia penal en el ámbito local, es un gran trabajo por delante para lograr el funcionamiento de todos los eslabones.
Lilia Arellano
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