México: Estado de Excepción

 

El pasado lunes 28 de noviembre asesinaron en Hermosillo, Sonora a Nepomuceno Moreno, hombre de 56 años que durante el último año había dedicado su tiempo a encontrar a su hijo desaparecido ayudado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La presión que el movimiento y Nepomuceno en persona habían ejercido sobre el gobierno, comenzaba a incomodar no solo a las autoridades sino a grupos delictivos que obviamente operan en la clandestinidad, las amenazas que el activista recibía eran cada vez más constantes, él mismo así lo venía denunciando. Nepomuceno, un activista de 56 años de edad, que lo único que pedía era el esclarecimiento de la desaparición de su hijo, se volvió incómodo para las autoridades que no hicieron más que callar, dejar en el olvido a su hijo desaparecido y a Nepomuceno en la sombra.

Hace un mes, en Cd Juárez, Chihuahua, un grupo de ciudadanas/os en su mayoría jóvenes, atendiendo al llamado del movimiento de "Los Indignados", sale a las calles a colocar una cruz por cada asesinato en la entidad, la manifestación era claramente contra la inseguridad; las autoridades, lejos de atender con sensibilidad la manifestación, decide reprimir y encarcelar al grupo.

El caso de Marisela Escobedo es muy significativo, una activista que con recursos propios localiza al culpable del asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre. Al ser detenido, este tipo reconoce ser el autor intelectual del crimen, sin embargo los jueces lo dejan libre, Marisela decide emprender un acto de protesta contra las autoridades exigiendo justicia a su hija, las autoridades estatales la ignoran y el 16 de diciembre del 2010 es asesinada de un balazo en la cabeza.

se patrón de conducta de los gobiernos estatales del PAN y del PRI, es un reflejo de los tiempos de impunidad y autoritarismo en los que vivimos, también de su incompetencia y su negativa a escuchar al pueblo.

En México no podemos hablar de que se respete el Estado de Derecho; para empezar está demostrado que la política de combate al crimen organizado del Gobierno Federal fracasó, el consumo, tráfico y producción de drogas aumentó considerablemente, además de que los grupos del crimen organizado se han afianzado en el país y como una fuerza muy poderosa a nivel internacional, sobre todo en los casos de los Zetas y del grupo del Chapo Guzmán. Esta política fallida es muestra de una incompetencia terrible, que se vuelve criminal cuando arroja más de 50 000 muertes en 5 años.

Las víctimas del actual estado de excepción son múltiples, desde quienes por la falta de oportunidades viven en condiciones de miseria y marginación, hasta quienes directamente han resultado afectadas por esta guerra que nadie pidió; pero además estas víctimas, como lo han marcado en reiteradas ocasiones diversas organizaciones de Derechos Humanos, son doblemente victimizadas: la primera es cuando son afectadas y la segunda cuando las autoridades las ignoran o condenan.

El caso de las/os indignadas/os en Cd Juárez es un buen ejemplo: si las/os jóvenes se manifestaban contra el crimen organizado y su acto era un intento por dar luz a las víctimas y llega la autoridad a reprimirles y encarcerlarles, entonces ¿de qué lado están los gobernantes?

Lo mismo ocurrió con el caso del profesor Agustín Estrada que tras acudir a una marcha del orgullo lésbico gay fue perseguido por las autoridades del Estado de México gobernado en ese entonces por Peña Nieto y las del municipio de Ecatepec gobernado por el hoy Gobernador Eruviel Ávila; a pesar de que el profesor fue respaldado por organizaciones defensoras de DDHH, fue inevitable su persecución, encarcelamiento, violación y exilio.

También en el gobierno del Estado de México, otra muestra de la doble victimización es el caso de los feminicidios, la cerrazón de Enrique Peña Nieto y de los diputados de la entidad por decretar la “Alerta de Género” y llevar a cabo las investigaciones con perspectiva de género, es muestra clara de la indiferencia gubernamental hacia los más amplios sectores de la población.

Lo más reciente del gobierno federal es también un claro ejemplo de lo que los gobiernos de la derecha están haciendo con el Estado de Derecho. El 25 de noviembre, el compañero Netzaí Sandoval entregó a la Corte Penal Internacional en la Haya, un recurso solicitando Juicio a Felipe Calderón y a quienes resulten responsables por la muerte de más de 50 000 personas en México en lo que va del sexenio; este recurso fue firmado por más de 23 000 ciudadanas/os, la intención del mismo es recurrir a instancias internacionales plenamente reconocidas por nuestra Constitución para poner fin al ciclo de impunidad que vivimos actualmente.

La reacción de Felipe Calderón y de su gabinete es propia de cualquier dictadura: amenazaron a quienes firmamos la demanda, nos descalificaron diciendo que somos “activistas adoctrinados”, “retrasados mentales” y lo peor, “que somos gente pagada por el crimen organizado”.

Esta actitud es preocupante por todas las implicaciones:

1. Que ante la autoridad la denuncia no es una obligación ciudadana sino un acto de calumnia;
2. Que quien se atreva a recurrir a las instancias legales para exigir justicia, se vuelve contrincante abierto de las autoridades, por lo tanto puede ser desde ignorada/o hasta perseguida/o.
3. Si la cabeza del ejecutivo abre franco fuego contra quienes no piensan como él, ¿qué se puede esperar de los grupos cercanos a él que operan de manera clandestina? (el yunque por ejemplo).

El contexto en el que nos encontramos en el que queda de manifiesto que las/os de abajo no tenemos reconocimiento si nuestra voz es utilizada para disentir, ni siquiera para denunciar (una denuncia de cualquier crimen, debería ser considerada como un  acto patriótico que refuerza el tejido social, no como motivo de persecución); pero donde además ha quedado comprobado, como en el caso de Michoacán, que los grupos del crimen organizado operan de una u otra forma para incidir en los  procesos electorales, procesos electorales en los que además la compra del voto es ya el principal factor para determinar una elección.

Esto nos pone en una encrucijada cívica: ¿qué representación tenemos las/os ciudadanas/os? ¿qué tipo de democracia es en la que vivimos? Si no podemos denunciar, ni elegir a nuestras/os representantes populares en un clima de certidumbre, ¿qué papel juega la sociedad civil para las autoridades?

La crisis de representatividad que hay actualmente, mezclada con la tremenda impunidad que nos aqueja, genera las condiciones para el autoritarismo, el abuso de poder e incluso otorga más elementos para quienes han intentado incrementar la injerencia norteamericana en la vida pública de México.

No lo permitamos, México necesita de la organización y del valor de la población para construir ciudadanía y para recomponer el rumbo del país; me niego a pensar que esto es así y no puede cambiar, me niego a creer que de aquí a 7 años ya todo está dicho y que el rumbo del país será el que determinen los incompetentes miembros de la derecha, asesorados por los Estados Unidos y (al menos así parece) coaligados con los grupos del crimen organizado.

Levantemos la voz, por México, por nuestro futuro inmediato.

*  A Netzaí Sandoval en quien reconozco el valor, la preparación, determinación y la claridad, que las nuevas generaciones debemos tener para que en México las cosas caminen con rumbo y certidumbre.

Eder Guevara / @EderGuevaraMtz - Opinión EMET