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En 2010, la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en el otorgamiento de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un daño estimado de 570 millones de pesos. Aunque el organismo responsabilizó tanto al Fondo como a las entidades financieras y a los trabajadores que recibieron esos créditos, sólo estos últimos están asumiendo el costo de ese supuesto fraude. Se trata de 1 mil 180 empleados del gobierno a los que el Fovissste solicita el pago total y de contado de los créditos concedidos en demasía. Aunque los procesos penales siguen abiertos, la institución fijó como límite el 30 de enero de 2012 para que los trabajadores liquiden los montos, a cambio de “otorgarles el perdón”. Mientras, algunas intermediarias financieras, también implicadas en el supuesto fraude, fueron palomeadas este año para seguir tramitando créditos del Fondo
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