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Al tiempo de anunciarse el doceavo y último incremento del año a las gasolinas que se aplicará a partir de este sábado, con lo que la Magna aumentó 11 por ciento; 10.5% el diesel; y 4.8% la Premiun, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
Las operaciones de “lavado” de dinero producto del narcotráfico se realizan en los Estados Unidos al menos desde 1984. El Departamento de Justicia estadounidense reveló que la Administración para el Control de Drogas (DEA) realiza esas operaciones encubiertas desde la administración del ex presidente Ronald Reagan, autorizadas por el Congreso de EU. Según el subprocurador para Asuntos Legislativos, Ronald Weich, la información sobre estas operaciones están consideradas como asuntos de seguridad nacional con lo que se negó a proporcionar datos sobre las mismas a legisladores republicanos.
Weich reveló en una carta enviada al congresista republicano Darrell Issa que una de las primeras operaciones de lavado de dinero, realizadas por la DEA, fue anunciada en 1987 por el propio procurador Edwin Messe como “Operación Piscis”, en la que se lavaron 116 millones de dólares en Panamá logrando penetrar una red de tráfico de cocaína en Colombia, América del Sur y México. En otra operación, en la que se lavaron 175 millones de dólares, Meese consideró dicha cantidad como un “precio pequeño” considerando los resultados de la operación.
Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del PRI, propuso a los partidos políticos y actores participantes en la contienda electoral del próximo año definir los mecanismos que garanticen que ningún candidato reciba apoyos del narcotráfico. En Aguascalientes, a donde acudió al primer informe de labores del gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre, adelantó que la postura y los términos de su partido en torno al pacto contra apoyos del narco en campañas, será fijado por el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell. A su vez, el senador priísta, Francisco Labastida Ochoa, sostuvo que Felipe Calderón debe mostrar los elementos que acrediten la intromisión de la delincuencia organizada en procesos electorales, y debe turnar las pruebas a las autoridades judiciales.
Saadi Gaddafi, hijo del difunto gobernante libio Muammar Gaddafi, negó rotundamente que haya planeado ingresar de manera ilegal a México cuando pretendía escapar de su país natal tras la caída del régimen de su padre. A través de su abogado, Nick Kaufman, confirmó que huyó en septiembre pasado hacia el vecino país de Niger cuyo gobierno le concedió refugio. Lo anterior desmiente las declaraciones del secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré, sobre la red criminal que elaboró un plan para traer a Saadi a México y que presuntamente fue desmantelada por la “inteligencia” mexicana.
Lilia Arellano
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