Calderón derrotado, culpa a los estados del fracaso (Lilia Arellano)

 

En tanto, en los meses que le quedan a la agonizante administración de Felipe Calderón será más de lo mismo. Por eso no es extraño que el inquilino de Los Pinos siga acusando a gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal

A lo largo de más de cinco años, Felipe Calderón ha sostenido un sólo discurso temático que muestra la única preocupación que ha mantenido a lo largo de su administración y, al mismo tiempo, evidencia la magnitud del fracaso de su desértico proyecto de gobierno: la “guerra contra el narcotráfico” y su imposibilidad de ganarla a menos de un año de que termine su gestión. Este viernes acudió una vez más a culpar de su derrota a la corrupción de los cuerpos policíacos estatales y la ausencia de colaboración de los gobernadores al justificar que “ni el mejor general puede ganar una batalla sin soldados leales y confiables”. Lo que nos lleva a agregar también que ni el mejor ejército del orbe pude alcanzar la victoria con una pésima estrategia y un deficiente general.

A  nadie le queda duda, dentro y fuera del país, que la batalla contra los cárteles del narcotráfico no la va a ganar el actual inquilino de Los Pinos. Tampoco hay incertidumbre en el hecho de que el próximo presidente de la República tendrá que retomar el comando de las acciones contra los cárteles del narcotráfico en el punto en que lo deje el michoacano, pero tendrá que decidir en mantener las mismas acciones policíaco-militares, con el apoyo convenenciero de los Estados Unidos, o variar la estrategia a tal punto que pueda ofrecerle a la Nación posibilidades de hacer frente a las organizaciones criminales, cada vez más poderosas e internacionales. Es prácticamente seguro que si el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, o alguno de los precandidatos del PAN con posibilidades, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel, gana los comicios del próximo año se mantendrá el mismo esquema bilateral de “control” de cárteles, no de su exterminio.

Sólo el precandidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, único de los aspirantes presidenciales que no ha ido a Estados Unidos a ofrecerle al presidente Barack Obama o al Congreso de ese país que seguirá la “guerra al narco”, es quien con claridad y sin ambigüedades ha propuesto un plan alternativo para poner fin a la violencia derivada y potenciada por la declaración de guerra de Felipe Calderón y que sumió al país en la situación en la que actualmente nos encontramos. Así, es claro que el futuro inmediato del país, en el corto, mediano y largo plazo, dependerá del resultado de los comicios presidenciales de julio de 2012.

En tanto, en los meses que le quedan a la agonizante administración de Felipe Calderón será más de lo mismo. Por eso no es extraño que el inquilino de Los Pinos siga acusando a gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal de negligencia en los procesos de depuración de las policías, y los apure para que ese objetivo se cumpla en enero de 2013, cuando él ya no este al frente de los destinos de la Nación. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocada precisamente para evaluar los avances en la depuración de dichos cuerpos del orden público, se quejó que sólo se registra un avance de 17 por ciento en esa tarea, y no desaprovechó la oportunidad para señalar la vulnerabilidad y la debilidad de las instituciones de seguridad pública.

Realizar en las siguientes semanas esa meta no será tarea fácil.  Al termino de dicha reunión que se celebró en Palacio Nacional, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, advirtió que para enero de 2013 unos 135 mil elementos policiales tanto municipales como estatales de todo el país habrán dejado sus funciones por no pasar la prueba del polígrafo.  Sin embargo, descartó que esos 135 mil agentes se conviertan en igual número de problemas, pues, explicó, el hecho de no pasar la prueba del polígrafo “no quiere decir que seas un delincuente”. En el caso de la capital de la República, detalló que se tienen 93 mil elementos de los que 35 mil son preventivos y el resto pertenece a la policía bancaria y auxiliar.

También el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estimó que en los próximos meses, el 30 por ciento de los elementos policíacos activos no acreditarán los exámenes de confianza y 60 por ciento de los candidatos a ingresar a las corporaciones no serán aptos. Esto, con base a los resultados de las evaluaciones que se realizaron durante el presente año, en donde, por ejemplo, de 8 mil 291 mandos medios y superiores examinados, reprobaron 2 mil 98 funcionarios, y de 71 mil 273 agentes operativos, 22 mil 209 fueron declarados no aptos.

El titular del SESNSP, José Oscar Vega Marín, reportó también que de 18 mil 976 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) solamente mil 388 no acreditaron las pruebas y 2 mil 42 están pendientes de conocer el resultado de sus pruebas. Por lo que toca a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, de un universo de 35 mil 808 agentes, han sido evaluados 30 mil 533 y han reprobado 3 mil 116 elementos y otros 5 mil 275 están en proceso de evaluación.  El funcionario informó que para cumplir con las metas de evaluación de todos los policías del país, se acordó realizar un “esquema de evaluación diferenciada para el personal en activo y por filtros para nuevo ingreso”. Vega aclaró que los mandos y aquellos agentes que forman parte de unidades especializadas y con acceso a información sensible, como los que laboran en los llamados C4, serán sometidos a pruebas poligráficas, toxicológicas, médicas, sicológicas y socioeconómicas, mientras que no todos los elementos operativos serán sometidos al polígrafo, pero al reprobar alguna de las evaluaciones, ya no continuarán con el procedimiento y tendrán que ser dados de baja.

Así, a pesar de las buenas intenciones expresadas por Felipe Calderón en la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo más probable es que en los próximos meses las autoridades a su cargo, así como en las entidades de la República y el Distrito Federal, sigan ofreciendo, como hasta ahora, más explicaciones que soluciones. Lo anterior, no obstante que se mantenga el apoyo financiero y operativo de las autoridades de Estados Unidos. En este punto, cabe destacar que la Cámara de Representantes de ese país aprobó el viernes 248.5 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida para el año fiscal 2012, además de 33. 5 millones de dólares bajo el rubro de ayuda al desarrollo. Esta cifra es adicional a los mil 600 millones de dólares aprobados en los primeros tres años de la iniciativa, y corresponden al total de 282 millones de dólares solicitados para México por el presidente Barack Obama en febrero pasado.

También el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que facilita el enjuiciamiento de narcotraficantes extranjeros, particularmente colombianos, mexicanos y peruanos, y su extradición a Estados Unidos, como parte de la estrategia integral contra el crimen organizado.  Ese proyecto de ley también tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Lilia Arellano - Opinión EMET