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En un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos pidió a las autoridades girar instrucciones para garantizar la seguridad e integridad de la víctima, misma que es dirigente del grupo "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", con el objetivo de evitar que sufra un nuevo atentado.
La CNDH también consideró necesario que las autoridades garanticen la seguridad y protección a la familia de Norma Andrade.
El organismo aseguró que desde el momento en que conoció los hechos, éste "envió el oficio correspondiente a las autoridades estatales", además de que personal de la oficina regional de la CNDH en Ciudad Juárez se mantendrá pendiente del cumplimiento de las medidas.
La Comisión Nacional, de 2005 a la fecha, ha solicitado 42 medidas cautelares en favor de defensores y defensoras de derechos humanos.
De este total, 13 en 2010 y 14 en lo que va del 2011; es decir, más del 60% se han hecho en los dos primeros años de la administración del Ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
"No existe justificación alguna para que se limite el trabajo de los defensores civiles", manifestó en su comunicado.
Recordó que la reforma constitucional en derechos humanos promulgada en junio pasado, obliga al Estado mexicano a crear las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la libertad y la dignidad de los mexicanos y esto no ha sucedido.
Además, la solicitud de medidas cautelares tiene su fundamento en los dispuesto por los artículos 3, 6, fracción II, y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
La historia
Una activista que denunció una red de secuestradores de mujeres en Ciudad Juárez, y cuya hija fue asesinada en febrero de 2001, resultó herida de bala la tarde del viernes en un supuesto asalto, pero sus familiares aseguraron este sábado que se trató de un ataque.
Norma Andrade, profesora y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, "recibió dos balazos en un supuesto intento de robarle su auto", por lo que la activista fue hospitalizada con lesiones en tórax y brazo, dijo Malú García Andrade, otra hija de la activista.
"La agresión fue intencional y los responsables son los mismos que me amenazaron, están ligados al cártel de Juárez", dijo García Andrade vía telefónica desde Ciudad de México , donde reside, como medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de recibir amenazas.
La oficina de prensa de la procuraduría local ha señalado que "a esta persona la intentaron asaltar y en los hechos forcejearon y le dispararon", pero la hija de Andrade rechaza tal versión, argumentando que el automóvil de su madre, un modelo 1990, es de poco valor.
Norma Andrade se convirtió en activista luego que en febrero de 2001, su hija Lilia García, de 17 años y madre de dos niños, fue secuestrada por presuntos narcotraficantes y asesinada. Su cuerpo fue uno de los numerosos localizados cerca de un campo algodonero en Ciudad Juárez.
Tras el asesinato de Lilia García, su hermana Malú se aunó a la causa de su madre, y juntas, denunciaron a una red de tratantes de adolescentes ante autoridades del estado de Chihuahua, donde se localiza Ciudad Juárez, fronteriza con la ciudad estadounidense El Paso, Texas.
Según ambas mujeres, esta red estaría ligada al cártel de Juárez, que actúa en esta localidad de 1,3 millones de habitantes y es considerada la más violenta de México. En la década de los años 90 y principios de los 2000, fue célebre por las desapariciones y brutales asesinatos de mujeres.
Meses atrás, Malú García se exilió en la capital mexicana junto con sus hijos luego de ser amenazadas y de que su casa fuera incendiada de forma intencional por hombres armados. Hace poco más de una semana, la mujer solicitó a autoridades locales y federales protección para su familia en Ciudad Juárez.
La violencia ligada al tráfico de drogas ha dejado más de 45.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo antidroga en el que participan más de 50.000 militares.
Carlos Lara y AFP