Aprueba PRI y PAN que empresarios hagan grandes negocios con cargo al erario

 

Fue uno de los últimos puntos que se discutieron ayer y ni priístas ni panistas respondieron a las críticas y cuestionamientos de los senadores del PRD. Los blanquiazules y los tricolores, junto con los verdes, tenían prisa

Después de dos años de discusiones en ambas cámaras y de un fuerte cabildeo del presidente Felipe Calderón, el Senado aprobó, con los votos de PRI y PAN, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la que, según advirtió ante el pleno el perredista Pablo Gómez, significa “un atraco al país, una transgresión a la Constitución y un asalto al pueblo de México”.

La reforma presidencial, que se remitió al Ejecutivo para su promulgación, “es el intento de llevar a cabo una gigantesca privatización de los servicios públicos y de la infraestructura del país”, además de que contiene elementos que legalizan la corrupción, sostuvo el perredista.

Dos senadores más del sol azteca, Tomás Torres y Yeidckol Polevnsky, insistieron en los riesgos de aprobar esa reforma, que permite a los particulares hacer grandes negocios con cargo al erario, ya que en ese tipo de asociaciones, el riesgo lo asume el Estado.

Fue uno de los últimos puntos que se discutieron ayer y ni priístas ni panistas respondieron a las críticas y cuestionamientos de los senadores del PRD. Los blanquiazules y los tricolores, junto con los verdes, tenían prisa por sacar la minuta, que les llegó un día antes de la Cámara de Diputados, donde estuvo más de un año, luego de que el Senado la aprobó en primera instancia.

El presidente del Senado, José González Morfín, dejó correr varios minutos para que se reuniera el quórum, porque pasaba de las 4 de la tarde y muchos legisladores habían abandonado el salón de sesiones. Con 65 votos en favor y 3 en contra –algunos perredistas no votaron– se aprobó la minuta y se turnó al Ejecutivo federal.

Antes, los senadores del PRD hicieron un último esfuerzo de dejar, por lo menos, en claro el contenido de esa ley que, según comentó Polevnsky, además de transgredir la Carta Magna, “es una licencia abierta para la corrupción, porque da manga ancha” para todo tipo de convenios entre empresarios y funcionarios.

Otro perredista, Tomás Torres, hizo notar que la reforma se brinca la Constitución y las leyes respectivas, ente ellas la de la deuda pública, ya que los compromisos con los particulares ni siquiera se asumirán como endeudamiento.

Pablo Gómez coincidió en que la reforma “legaliza la corrupción”, al promover la reconversión del Estado en un instrumento de promoción de intereses privados, de conformidad con la ley.

Hizo un recuento de los aspectos más riesgosos de esa reforma que, dijo, permite que cualquier servicio público sea realizado por “amigos de funcionarios” a los que se otorgarán contratos por 40 años, que pueden ser prorrogados, para que “el negocio sea prácticamente ininterrumpido, ya que tiene la garantía de que no le va a ir mal”.

Con información de Víctor Ballinas