Quiere PRI poner el gobierno al servicio de los intereses privados

 

El PRI en la Cámara de Diputados pretende aprobar hoy en la Comisión de Economía la minuta con la Ley de Asociaciones Público Privadas, como último gran tema del periodo de sesiones, y tras de que en la sesión de este martes, junto con AN, también se insistirá en aprobar la reforma a la Ley del Infonavit para apuntalar las Afores con el fondo de vivienda de los trabajadores.

La intención del presidente de la comisión, Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), es que la comisión vote el proyecto de dictamen para que se presente al pleno esta misma semana, aun cuando diputados de PRD y PT han expresado que la citada ley es inconstitucional porque permitirá la entrega, sin licitación, de contratos a empresas en áreas reservadas al Estado, como la explotación de petróleo y generación de energía eléctrica.

En una evaluación jurídica del proyecto de Guajardo, la diputada Ifigenia Martínez (PT) alertó que incluso se quiere que los contratos con empresas privadas para obras, bienes y servicios sean pagados desde los fideicomisos integrados por el gobierno federal.

Refirió que los contratos con fideicomisos, que la administración de Felipe Calderón administra como si se tratara de bienes privados, fueron suprimidos en la discusión de la iniciativa de Felipe Calderón, pero el proyecto del priísta Ildefonso Guajardo los reincorpora.

La legisladora explicó que como parte del fondo del dictamen, el PRI –con apoyo del PAN– pretende confirmar la instauración en México de proyectos de asociación entre el gobierno federal y de los estados con la iniciativa privada, para arreglos de “inversión bajo cualquier esquema”.

Esta definición, explicó, “encubre el intento de establecer sociedades entre el poder público representante del Estado mexicano y los particulares, lo cual significa poner el gobierno al servicio de los intereses privados”.

Afirmó que de permitirse ese tipo de sociedades se violaría el artículo 28 de la Constitución, el cual define que el Estado podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios púbicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación”.

Además, agregó, esa violación se confirma con el hecho de que se busca suprimir el régimen de concurso y licitación pública y sustituirlo con un mecanismo de “concursos públicos” en condiciones laxas para los inversionistas.

Éstos podrán obtener un contrato por invitación restringida a tres personas, adjudicación directa, e incluso quienes de manera supuestamente espontánea presenten al gobierno federal un “proyecto no solicitado”.

Más aún, si los “concursos públicos” son declarados desiertos en el país, se abrirá la puerta para que trasnacionales puedan participar y ganar los contratos.

La comisión está citada para sesionar esta tarde, y el cálculo de Ildefonso Guajardo es que si persiste la oposición de PRD y PT, se declare ese grupo de trabajo en sesión permanente, se apruebe el proyecto en lo general y discutir las reservas en lo particular el jueves, cuando quiere presentarlo al pleno cameral.

Con información de Enrique Méndez