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Las indagaciones de HRW contienen “evidencias contundentes” que sugieren que soldados y policías han perpetrado desapariciones y ejecuciones extra judiciales y que en muchos casos han aportado medias para ocultar sus delitos.
Tras la categórica exposición de la delegación de HRW, encabezada por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por José Miguel Vivanco, director para las Américas de ésta, Felipe Calderón-según la oficina de prensa de Los Pinos- sólo atinó a defender su gestión señalando que la principal amenaza para los derechos humanos son los criminales -no su administración por supuesto-, quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías individuales. El michoacano recibió el informe de HRW y explicó que las fuerzas federales bajo su mando han trabajado de cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversos organismos internacionales para capacitarse en materia de derechos humanos, capacitación que todo parece indicar va para largo.
Fueron las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores las que en un comunicado conjunto posterior refutaran la principal actividad de gobierno de Felipe Calderón tratando de justificar su fracaso, al señalar que “en México no estamos en guerra”, como si los mexicanos ya hubieran olvidado que el propio inquilino de Los Pinos hasta se disfrazó de general para iniciar la “guerra contra los cárteles de la droga”, con el fin no de exterminarlos, ya está visto, sino para alcanzar una legitimidad que le fue negada en las urnas y para poder portar la investidura presidencial sin ser cuestionado, objetivos que a unos meses de concluir su administración no ha logrado y a estas alturas de su gestión se ve muy difícil que lo logre.
Las dependencias a cargo de Francisco Blake y Patricia Espinosa intentaron una tibia e infructuosa defensa de la estrategia de seguridad instrumentada contra el crimen organizado y el narcotráfico desde 2006, al señalar que esta lucha se realiza “con estricta observancia a la ley”, lo cual fue puntualmente refutado por HRW en su más reciente informe sobre la situación que prevalece en México. Ambos funcionarios, quienes dicho sea de paso no le son de gran ayuda a su jefe, no dejaron pasar la oportunidad para advertir que la intervención de las fuerzas federales seguirá “temporalmente” hasta que los Gobernadores fortalezcan las policías estatales, proceso que también va para largo, y dejen de solicitar su presencia en los estados de la República.
Por supuesto que con dos simples boletines de prensa no puede la administración calderonista refutar las investigaciones de HRW en cinco de los estados más violentos del país, que fueron presentadas ayer personalmente a don Felipe en la residencia oficial de Los Pinos, y que concluyen que “en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país. El reporte de 236 páginas precisa que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, se comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles de la droga.
Las indagaciones de HRW contienen “evidencias contundentes” que sugieren que soldados y policías han perpetrado desapariciones y ejecuciones extra judiciales y que en muchos casos han aportado medias para ocultar sus delitos. Los datos fueron recabados tras realizarse más de 200 entrevistas con víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Este observatorio de Derechos Humanos concluye que las violaciones graves a éstos han aumentado drásticamente en el marco del combate al narcotráfico, mientras que la investigación y el juzgamiento de esos asuntos no registran avances, no obstante que existen al menos 997 investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República por homicidios vinculados con el crimen organizado entre 2007 y agosto de 2011. El hecho irrebatible es que los jueces federales mexicanos solamente han condenado a 22 acusados de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada en ese periodo.
La delegación de HRW no se quedó sólo en la exposición de la adversa situación que se resiente en territorio mexicano, sino que paso al nivel siguiente, el de las recomendaciones, entre las que incluyó acciones específicas a desarrollar para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para resolver esa problemática. Entre dichas recomendaciones destacan la Reforma al Código de Justicia Militar, a fin de impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar, y que a final de cuentas queden impunes como ha venido sucediendo, y que los procuradores de la República y de los Estados tomen la iniciativa de investigar todos los casos posibles de violaciones de derechos humanos, incluidas las que supuestamente cometieron soldados.
Lilia Arellano - Opinión EMET