Opacidad gubernamental abona en incredulidad

 

Ante tales recursos por esconder información y no transparentar los eventos, a los mexicanos no nos queda más que la sospecha de que las conclusiones dadas a conocer en incidentes de Estado, implican todo lo contrario.

El semanario Proceso presenta entre sus artículos de su última edición, una información que no puede pasar desapercibida y que sólo es un botón más, que muestra la opacidad y el manejo discrecional a conveniencia de la administración calderonista. 

En el artículo "Todo el peso del Estado para ocultar las boletas del 2006", Jorge Carrasco detalla cómo se frenó la demanda que Proceso presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tener acceso a las boletas electorales del proceso federal del 2006, en el que Felipe Calderón resultó ganador, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dirimiera en su favor la justa presidencial.

Las cortinas que se tejen a conveniencia desde la casa presidencial o palacios como El de Covián, así como desde otras instancias en donde el interés no esté con el pueblo, no son exclusivas de la actual administración federal a manos de los panistas.  Estas prácticas fueron costumbre en gobiernos anteriores y de ideologías distintas.

Mas esas destrezas recurrentes de engaño y nula transparencia hacia los gobernados que en nuestra supuesta democracia somos también los mandantes, en lo único que han abandono, es en el descrédito de nuestras instituciones y de muchas de las decisiones de quienes las encabezan.   

Luego del fatídico final de vida que encontrara José Francisco Blake Mora –hasta el viernes por la mañana, secretario de Gobernación— y sus acompañantes en un helicóptero siniestrado, la empresa Parametría revela que más del 60% de los mexicanos  considera como atentado tal evento.  Me incluyo en ese porcentaje. 

Francisco Abundis, director de Parametría, en su presentación durante el seminario de Prevención del delito, manifestó que tras la muerte de Juan Camilo Mouriño --segundo secretario de Gobernación de Felipe Calderón--, en otro evento aéreo que tuvo su desenlace en tierra, alrededor del 60% de los mexicanos siguen creyendo que ese incidente también fue un atentado.  Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró como información reservada por un periodo no menor a 12 años, los soportes de la investigación última en torno al peritaje del Learjet  45, en el que falleció Mouriño, el 4 de noviembre del 2008.

¿Por qué esa determinación de reserva de información sobre las causas de la caída del avión del entonces secretario de Gobernación, si al final a todos nos dijeron que fue una turbulencia provocada por un avión de pasajeros que antecedía en ruta al jet de Mouriño y la impericia del piloto lo que provocó la caída de la aeronave?

Ante tales recursos por esconder información y no transparentar los eventos, a los mexicanos no nos queda más que la sospecha de que las conclusiones dadas a conocer en incidentes de Estado, implican todo lo contrario.

Seguro la información del helicopterazo en donde perdió la vida Blake Mora y otras siete personas apenas la semana pasada, también será de reserva, pese a que insisten en que las condiciones climáticas fueron las que detonaron el evento fatídico.

Acta Divina… Dionisio Pérez-Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que hasta ahora, las investigaciones preeliminares sobre el siniestro en el que perdió la vida el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y siete funcionarios más, señalan que el hecho se trató de un accidente.

Claudia Rodríguez - Opinión EMET