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"No somos prostitutas, somos esposas de los internos"


El abogado Alfredo Pérez Zarate acompañó a cuatro mujeres en una rueda de prensa y afirmó que durante el cateo se violaron los derechos humanos de los reclusos, pues -dijo- al menos unos 20 de los reclusos fueron golpeados.

Denuncio que las mujeres, esposas de los reclusos, pagaban cuotas de 100 pesos por noche para poder quedarse con sus parejas.

Las cuatro mujeres exigieron una disculpa pública del portavoz oficial del gobierno de Guerrero, Arturo Martínez Núñez, por haberlas llamado "prostitutas" en su declaración del lunes pasado.

Las mujeres, quienes estaban acompañadas por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, señalaron que las cuotas eran pagadas al jefe de custodia y al director del penal, Carlos Coronel Avitia, quienes ya fueron separados de sus cargos y son investigados por estas irregularidades.

Las señoras relataron a los medios de comunicación que fueron golpeadas y sacadas de los dormitorios semidesnudas por los policías federales, estatales y marinos que participaron en el cateo.

Dainay Zacapala Barrera, esposa de uno de los internos que fueron cambiados de cárcel durante la requisa, se quejó por haber sido detenidas, golpeadas y acusadas de ser prostitutas por los elementos de seguridad a pesar de que en el penal había niños.

"Éramos 19 y nos trataron de prostitutas, siendo que había niños también en el lugar y a los niños lo cargaban jaloneando.

"Pagamos cien pesos por estar ahí, cada vez que nos quedábamos pagamos cien pesos, unas dos veces al mes. Nada más nos quedábamos una noche y al otro día salíamos. Le pagamos al director. Mandaba al custodio, al jefe de seguridad a él se los dábamos los cien pesos" , señaló.

Indicó que minutos después, algunas mujeres en ropa interior fueron llevadas a la zona de enfermería, donde las revisaron, las desnudaron y las pararon pegadas a la pared para tomarles fotos y grabarlas.

En su turno, el abogado Alfredo Pérez Zárate responsabilizó de la agresión y violación a los derechos humanos al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y pidió su destitución inmediata por la "actitud permisiva" y demandó que el vocero Arturo Martínez Núñez, rectifique su calificativo hacia las esposas de los internos al llamarlas prostitutas.

 
Con información de Excélsior