Narcoguerra afecta elección 2012

 

Al cierre del quinto año de su administración, Felipe Calderón sólo tiene dos prioridades, cuyas metas se antojan lejos de cumplirse: la primera es evitar una derrota contundente en las urnas el año próximo en la elección presidencial; y la segunda es mantener la guerra contra los cárteles de la droga y cumplir hasta el final de su gestión los compromisos adquiridos con el gobierno de los Estados Unidos a través de la firma de la “Iniciativa Mérida”, sin importar que la fila de más de 50 mil cadáveres acumulados supere los 60 mil. La designación de Alejandro Poiré como secretario de Gobernación y la prolongación de la elección del candidato presidencial del PAN que pretende darle oxígeno a Ernesto Cordero, corren en ese sentido y tienen explicaciones muy claras.

El último nombramiento político-administrativo del tecnócrata Poiré, un joven educado en el extranjero sin ningún merito político, obedeció a que es “su cuate”, uno de los últimos de sus amigos cercanos y que pueda realmente responder únicamente a sus órdenes en lo que ha sido su principal proyecto de gobierno: la estúpida, fallida y criminal “guerra contra el narcotráfico”. La designación de Alejandro dejo claro que la dependencia que en el papel es la responsable de la política interior del país fue degradada a una única función: continuar con la estrategia seguida durante cinco años contra los cárteles de la droga, a través de acciones policíacas y militares, bajo la falsa premisa de combatir los altos niveles de violencia que generó esa misma estrategia con más violencia aún, a pesar de que está comprobado que eso no resuelve ni el problema de seguridad ni el del tráfico y trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Durante su primer mensaje ante los representantes de los medios de comunicación acreditados en Bucareli, el flamante funcionario dejo claro sus instrucciones: no permitir que el crimen organizado influya en el resultado de la elección federal del 2012. La corta visión política de este tecnócrata, reflejo de la de su jefe, restringe la política interior al problema de la inseguridad, de ahí su llamado a “cerrar filas con México, con sus instituciones, con la legalidad en beneficio de nuestro país, por eso es que no habremos de permitir que el crimen, cualquiera que sea su expresión, invada nuestro derecho a elegir libremente a nuestros representantes”. El diálogo, la búsqueda de acuerdos y el trabajo político para garantizar un entorno de estabilidad y certidumbre en el último año de la administración calderonista, quedó relegada a una tarea secundaria, aún por debajo del impulso a las reformas estructurales para abrir más a la iniciativa privada los sectores estratégicos del país y garantizar las enormes ganancias de trasnacionales comerciales y financieras, relevándolas del pago de impuestos y sacrificando los derechos de los trabajadores.

Poiré señaló que ya se comunicó con los gobernadores, dirigentes de partidos políticos, de los poderes Legislativo y Judicial, a quienes llamó a “cerrar filas con México y con la legalidad”. Insistió en que continuará la estrategia integral para abatir la violencia, que incluye por supuesto acciones policíacas, programas sociales y de oportunidades para los jóvenes –ésas últimas no se han visto por ningún lado en los últimos cinco años-, así como la responsabilidad de las autoridades estatales en materia de seguridad pública. También reiteró que “las grandes reformas que el país necesita no se deben postergar por cálculos políticos o electorales”.

El encargado del despacho después de la muerte de Francisco Blake -cuyas investigaciones en torno a la caída del helicóptero donde viajaba se enfocan a un “sabotaje” debido a la contaminación de la gasolina, según reveló la consultora estadounidense de seguridad Stratfor en un informe divulgado el jueves-, Juan Marcos Gutiérrez González, también destacó la preocupación del inquilino de Los Pinos derivada del resultado de la elección en Michoacán en el sentido de que el crimen organizado interfirió en el proceso electoral del 13 de noviembre, particularmente en el municipio de La Piedad, donde dos semanas antes fue asesinado el alcalde panista, Ricardo Guzmán. Sin pruebas, Gutiérrez acusó en su reporte a Poiré  que el crimen organizado amedrentó en la entidad a la población “para favorecer el voto en algún sentido e intimidarlos respeto a otro”.

También la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, quien se reunió en la ciudad de Oaxaca con los procuradores estatales de Justicia de la zona Sureste-Centro, destacó la preocupación de la gestión calderonista de “hacer frente tanto a la delincuencia organizada como la llamada común” y evidenció una vez más el fracaso que la Federación tiene en esta área neurálgica, por lo que pidió otra vez la colaboración de las diferentes instancias de procuración de justicia del país.

Ante los procuradores estatales de Campeche, Renato Sales Heredia; Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinoza; Chiapas, Raciel López Salazar; Guerrero, Alberto López Rosas; Oaxaca, Manuel de Jesús López López; Quintana Roo, Armando García Torres; Tabasco, Gregorio Romero; y Veracruz, Armando Flores Espinoza, la funcionaria pidió a las entidades federativas conjuntar esfuerzos en materia de procuración de justicia para abatir la inseguridad, mediante la actualización e información de datos y acciones para combatir el delito de feminicidos y trata de personas. Insistió en que no existe mejor fórmula en el combate a la delincuencia que la suma de esfuerzos y el trabajo coordinador de todos.

Lilia Arellano - Opinión EMET