Los secuestros de García Luna: industria en pleno auge

De nuevo se presentó la confrontación entre Felipe Calderón y los gobernadores, en un intento más de salpicar de culpabilidad a todo el que aparezca en el directorio gubernamental para después, y como dice la canción: “te doy dos horas para que…”, sólo que ahora fueron 4 semanas para que presenten los Ejecutivos estatales un plan que implique contar con policías confiables en mandos medios y altos y, en igual tiempo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tendrá que hacer lo mismo.

Todo ello ante la imposibilidad de presentar para mayo del 2012 una evaluación completa de sus policías. Desinformados como llegan los gobernadores a esas reuniones olvidaron ponerle un plazo a don Felipe para algunos otros puntos que debe resolver sobre la seguridad.

Por ejemplo: como puede justificar el inquilino provisional de Los Pinos que el propio Genaro García Luna, titular de la SSP, informe que de enero de 2010 a septiembre de 2011, es decir en 21 meses, se hubiesen registrado tres mil 114 casos de secuestro, que dice muy ufano que atendió su dependencia como si fueran trofeo, cuando no se ha tenido conocimiento de la captura de importantes bandas dedicadas a esta actividad, ni de que hubiesen sido rescatadas sin pagos de por medio tal cantidad de ciudadanos. Claro que al momento de las cifras resultó que según él, de los 3 mil 114 casos 2 mil 610 fueron liberados y ¿dónde están? ¿Cómo es que no acuden a defender a García Luna cuando es atacado si le deben la vida?

Pero resulta que en esa danza de números el año pasado detuvieron a mil 744 delincuentes y en lo que va del presente ya van en mil 271 o sea que ya son cerca de 3 mil los secuestradores que suponemos deben estar tras las rejas y nos preguntamos ¿en cual cárcel don Genaro? Porque hasta donde se sabe todas, todas, están hasta el copete, rebasadas en capacidad y esos miles no son unos cuantos y no se han construido ni ampliado más penales. Toda esta información la da  a conocer cuando ya se sabe por la propia Procuradora que Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, ya tienen incluso el inmueble que alberga a las unidades antisecuestro estatales, es decir antes de que los gobernadores se cuelguen medallas que considera le corresponden.

Así, al admitir que en nuestro país se han vivido “momentos terribles por la violencia”, Calderón siguió arremetiendo en contra de los gobernadores, la mayoría priístas, sabedor de que cuenta con el visto bueno y los buenos oficios de EU para atrapar al “Chapo” y así poder cargarles toda la cuenta de la inseguridad a los tricolores y sus gobiernos a quienes ha calificado en el extranjero prácticamente de alcahuetes del narco. Porque uno de sus empleados preferidos, Eduardo Sojo, el mandamás del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), reveló que por lo menos la cuarta parte de los ciudadanos mayores de 18 años han sido víctimas de algún delito. Solo el año pasado fueron agredidos 22 millones 714 mil 927 mexicanos y de los cuales casi 18 millones eran mayores de edad. El 92 por ciento de ellos no denunció. ¿Entonces como se enteraron en el INEGI? Porque resulta que esos delitos son del fuero común y obviamente recaen en las ineficientes policías estatales y municipales, la mayoría, priístas. Claro que el INEGI no reporta que en ese año el desempleo fue brutal, que creció la pobreza alarmantemente y que se preparó desde la federación el terreno para la creación de tanta delincuencia. Cerraron con que los ciudadanos confían primero en la Marina –la corporación preferida de don Felipe-, le sigue la Defensa –el miedo no anda en burro- y al final la federal. Los demás no pintan, nada de confianza, como en los diputados.

Y ahí no para la situación porque el señor Eduardo Sojo también manifestó su preocupación porque los hogares mexicanos han desembolsado 48 mil millones de pesos en medidas preventivas para su seguridad. Entiéndase que el 99 por ciento de esa cantidad se significa por los salarios de guardias personales, chóferes armados, contratación de empresas de seguridad, lujos que solo pueden darse los pobrecitos millonarios y el uno por ciento restante deben ser alarmas, bardas electrificadas, timbres con cámara y otros de algunos de la clase media que no tienen los millones que a don Eduardo tanto le preocupa que se eroguen, tal vez preferiría que se los dieran al gobierno.

Pero aún hay más. Resulta que los del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, sostiene en un estudio que del 2007 al 2010, es decir, en los últimos tres años de mandato calderonista, el riesgo de que cualquier ciudadano pueda ser asesinado o secuestrado se triplicó. Recalcan que México “tiene un problema. Un problema serio que no es el narcotráfico, ni la delincuencia organizada, ni la debilidad institucional. Es el hecho incontrovertible de que cada vez más gente se siente más insegura en cada vez más zonas del país” y resalta que “hay muy pocos precedentes de un país que, en ausencia de una guerra, haya experimentado una expansión tan acelerada y de diversas formas de delitos violentos en tan poco tiempo”.

La trayectoria de los homicidios, resalta en su texto el IMCO, se quintuplicó en comparación con el 2007 y revelan el nombre que en Los Pinos le dan a los asesinatos cometidos o provocados por la delincuencia organizada: “fallecimientos por rivalidad delincuencial”. Y, ¿cómo llaman a los que confunden o a los que se atraviesan en el camino, o a quienes están en el lugar y hora menos indicada y caen rafagueados?  ¿”Fallecimientos por pendejez o por mala suerte”? Añaden que el robo de autos se incrementó en un 40 por ciento y que la mayor parte de ellos ha sido con violencia.

Pero veamos al servicio de quien está el IMCO cuando hace estas recomendaciones: cerrar de noche algunas calles de circulación vehicular en zonas que concentren blancos potenciales como bares o centros nocturnos; establecer un seguro “defensa a defensa” que permitiera a los propietarios obtener las piezas robadas en las agencias para disminuir esta parte de la actividad que es el desvalijamiento; y para enfrentar la extorsión, que la policía federal podrían establecer negocios fachada en giros afectados por el cobro de “derecho de piso” y al acercarse los extorsionadores, detenerlos. Así de facilito, tanto como lo sería que Migración hiciera una redada de todas las ilegales trabajando en los antros, o que se fueran sobre las narcotienditas que cualquier taxista en cualquier Entidad sabe en donde están, o que se les siguiera muy puntualmente el índice de crecimiento patrimonial a los funcionarios, familiares y amigos prestanombres o, que la Morena del Tepeyac nos hiciera el milagro de acabar con los vendepatrias y los corruptos. Facilito, facilito.

A esto del IMCO y el robo de autos, también de responsabilidad local, se unieron los de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quienes señalaron que en los últimos seis años Nuevo León es el campeón en este delito registrando un crecimiento del 995 por ciento, le sigue Durango con el 642 por ciento; Tamaulipas con el 378 por ciento, Sinaloa con 303 por ciento y Chihuahua con un 317 por ciento. Los municipios con mayor índice en este delito son Monterrey, Ecatepec de Morelos, Guadalajara, Culiacán y Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Torreón, San Nicolás de los Garza y, en el DF, las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Así las cosas no hay nada más simple que hacerle al pavorreal, levantar la cola y salpicar parejo.

Lilia Arellano