Los frutos podridos de la "Iniciativa Mérida"

La “Iniciativa Mérida”, impuesta por la administración de George W. Bush a Felipe Calderón para iniciar una guerra contra los cárteles de la droga mexicanos de consecuencias funestas para México, es reprobada no sólo por la organizaciones civiles mexicanas y organismos internacionales como Human Rigths Watch, sino incluso por la propia Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), la cual en un informe difundido este jueves advierte que dicho plan policiaco-militar no ha traído “mejoras significativas en materia de seguridad pública” y que, por el contrario, “en lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado, la ha generalizado”.

Así, el esquema de cooperación entre los cuerpos de inteligencia estadounidenses con las fuerzas armadas mexicanas implicadas inconstitucionalmente en la guerra contra los cárteles de la droga, que Felipe Calderón ha mantenido a lo largo de cinco años contra viento y marea, es censurada incluso en un reporte del WOLA denominado “Un Relato Aleccionador”, que fundamenta su crítica en el hecho de que la estrategia seguida lo que ha conseguido es que los seis principales grupos del crimen organizado en México que había al inicio de la actual administración federal se multiplicaran a doce, los cuales están abiertamente confrontados con el Estado y entre ellos, en una guerra de “todos contra todos” en donde, por supuesto, nadie gana.

Lo que realmente ha sucedido en México desde que en 2006 Calderón inició su mandato “con una virtual declaración de guerra”, bajo un esquema de cooperación bilateral con la administración de George W. Bush, que destinó una inversión inicial de 1,400 millones de dólares para un periodo de tres años y que ya se extendió dos años más y se espera se mantenga en el próximo gobierno, es que la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas, según el informe, y más de 56 mil según conteos de organizaciones civiles del país e internacionales.

Además, en el recuento de las adversas y funestas consecuencias de la guerra calderonista contra la delincuencia organizada, se destaca que los multiplicados cárteles del narcotráfico en feroz competencia han diversificado sus actividades lucrativas ilegales, entre las que sobresalen la extorsión de pequeñas y grandes empresas que “ha aumentado dramáticamente”, y que ha obligado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en localidades como Ciudad Juárez, a de plano huir. También, señala el mencionado reporte, “los secuestros se han disparado. Los cárteles han tomado el control de tráfico de personas en numerosas zonas fronterizas y rutas de tráfico de migrantes, secuestrando, extorsionando y asesinando a decenas de miles de migrantes, muchos de ellos provenientes de América Central.

Los estrategas estadounidenses que elaboraron dicho informe se quejan de que al igual que sucedió en Colombia, la eliminación de capos del narcotráfico mexicano no se ha concretado en la desaparición de sus organizaciones criminales sino en su duplicación y, lo que para ello es peor, se ha visto afectado el suministro de estupefacientes a su territorio, así como los precios y el nivel de pureza de las drogas que se consumen en Estados Unidos y que siguen llegando sin interrupción.  El reporte de WOLA critica también al gobierno de Barack Obama por “menoscabar” su propia estrategia de ayudar a países como México y Colombia cuando no hace lo suficiente para reducir el consumo, para eliminar de una vez por todas el tráfico de armas que van a parar a los cárteles de las drogas y al no tomar medidas más agresivas contra el lavado de dinero.

WOLA advierte a la administración de Felipe Calderón que no debe caer en la tentación de seguir el ejemplo de Colombia. Esta posibilidad cada día tiene más adherentes en el Congreso de Estados Unidos, en donde se ha destacado el “éxito” de la lucha contra los cárteles en ese país. William R. Browfield, subsecretario de Estado para narcóticos y procuración de justicia internacional, se pronunció hace unos días por una más estrecha colaboración entre México y Colombia para enfrentar a los cárteles en todo el continente. Lo que el funcionario busca en realidad es “recuperar nuestra inversión en Colombia en los últimos doce años”, que asciende a casi 9 mil millones de dólares destinados la lucha antinarcóticos en ese país.

Sin embargo, los analistas de WOLA aclaran que “el éxito” de la lucha contra los cárteles en Colombia “sólo ha sido parcial y frágil” y con “un inaceptable costo en el terreno de los derechos humanos”, toda vez que se tiene un registro de 3 mil ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas, por lo que desechan que el caso de Colombia sea un “modelo a seguir”, teniendo en cuenta, además, los efectos de esa lucha en el mercado de la droga.

Un día después de que se conoció el informe de la organización civil Human Rights Watch, que reiteró con pruebas documentales el fracaso de la estrategia de Calderón y las recurrentes violaciones a los derechos humanos a lo largo ya de cinco años, y luego del también contundente reporte de WOLA que subraya el desastre que ha dejado la aplicación de la “Iniciativa Mérida” en todo el territorio mexicano, Felipe Calderón defendió en San Luis Potosí su estrategia anticrimen, confrontando a las organizaciones criminales “con toda la fuerza del Estado” y, dijo, evitando “nadar de a muertito” y desentenderse de combatir al crimen organizado.

Durante una comida con empresarios potosinos que se realizó en la Casa de Gobierno, el inquilino de Los Pinos sostuvo con una necedad fundamentalista que “el camino que se ha tomado para combatir el crimen es el correcto y es necesario recurrir a toda la fuerza del Estado para someter a los criminales”. Sin embargo, ni sus propios propagandistas son capaces de hacer permear esta idea en la población mexicana, por el simple hecho de que los resultados no alcanzan para ese efecto. Las “buenas noticias” de la administración federal se reducen a la detención de capos y operadores de segundo nivel, como el caso de Ovidio Limón Sánchez, presunto operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del principal cártel del país, el de Sinaloa. Elementos del Ejército mexicano realizaron la captura de ese criminal considerado por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) como uno de los narcotraficantes más buscados en el vecino país y por quien se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

O el caso de la detención en el municipio de Macuspana, Tabasco, por parte de policías federales y estatales, de cuatro sujetos integrantes de una banda delictiva presuntamente perteneciente a “Los Zetas” y que se dedicaba al tráfico de drogas y armas desde Guatemala a México, a través de la frontera sur. Al momento de su aprehensión, les fueron incautados 11 vehículos y un arsenal donde resaltan siete fusiles de diversas marcas y calibres, cargadores, 200 cartuchos útiles, un lanza granadas, ocho granadas y equipo de comunicación.

Esos “éxitos” no pueden ocultar el reguero de sangre en el país, como en el propio estado visitado por Calderón, en el municipio de Solidad de Graciano Sánchez, en donde fueron localizados los cuerpos de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, que presentaban huellas de tortura y el tiro de gracia.

Lilia Arellano - Opinión EMET