Feminicidios, sin perdón ni justicia

A finales de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano porque éste violó los derechos de tres jóvenes que aparecieron asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, al no establecer medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad, y por la falta de diligencia en la investigación de los crímenes. Estableció que se debían reanudar las investigaciones, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y levantar un monumento a las víctimas. A dos años de distancia de esa resolución y después de una década aún se desconoce quienes son los autores de esos feminicidios, al igual que de los cientos más de mujeres cuyos cuerpos aparecieron, desde 1993, en zonas desérticas y alejadas, algunas violadas y mutiladas.

Hoy, sólo por dar cumplimiento a esa resolución, que únicamente condena al Estado mexicano por los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, la administración de Felipe Calderón, a través del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro, pidió “perdón” y reconoció su responsabilidad “por la violación de los derechos a la vida, integridad personal”. También admitió que ha incurrido en diversas violaciones de derechos humanos y  aceptó el incumplimiento de su deber de investigar, por la violación al deber de no discriminar, por la violación a  los derechos del niño por las irregularidades en las primeras etapas de investigación.

La inauguración del “Memorial Campo Algodonero”, la petición de perdón y la disculpa pública de una administración fallida en el tema de la administración y procuración de justicia, no bastan ante el imperio de la impunidad, la negligencia y la corrupción que prevalece en los órganos del Estado competentes, o mejor dicho, incompetentes. No resuelve nada, no ciertamente las agresiones sistemáticas sufridas por las mujeres desde hace años; no cubre las negligencias y errores en las investigaciones; no subsana el daño y tratamiento que recibieron los familiares de las víctimas por parte de las autoridades; no solventa los años de lucha, de incertidumbre, de hostigamiento y zozobra que estas familias han pasado buscando justicia y que seguirán pues no se ha localizado a los responsables.

Como tampoco 36 millones de pesos que presuntamente se entregarán el año entrante a los padres de 48 niños afectados por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de junio de 2009, cubrirán ni siquiera un poco la gran pérdida sufrida por la corrupción y complicidad de autoridades federales y de particulares ligados a los primeros círculos del Ejecutivo federal y estatal. Lo peor de todo es que la justicia para ellos se ve cada día más lejana pues los principales funcionarios implicados, es decir los de más alto nivel, han sido recubiertos por una gruesa capa de impunidad y, no sólo eso, sino que siguen operando desde otras posiciones, también de primer nivel.

Urge aún que el Estado cumpla sus responsabilidades, que las investigaciones den con los responsables, que sean procesados y castigados y que se tomen las medidas indispensables para que estos asesinatos no vuelvan a ocurrir. Urge, en síntesis, simple y sencillamente: ¡Justicia!

Lilia Arellano