Despilfarro carcome el presupuesto: oscuro manejo de 90 mil millones

Ya no sólo se trata de lo irracional, absurdo y criminal de sumar más de 50 mil cadáveres, a los que tal vez ya hay que agregar 10 mil más que permanecen reportados como desaparecidos, sino que las cantidades, el dineral que se ha gastado en esa mal entendida y fallida “guerra” contra el narcotráfico sigue presentando zonas tan oscuras como el hallazgo de los más de 200 millones de dólares en efectivo en poder de Zhenli Ye Gon. Se trata de la información obtenida de la Auditoría Superior de la Federación sobre una partida presupuestal que aparece bajo el número 33701 y que refiere “gastos confidenciales” de las distintas dependencias encargadas de la seguridad y que han erogado 12 mil millones de pesos, es decir, mil millones de dólares.

Al respecto, el diputado petista Mario Di Costanzo sostiene que tendrá que ser el propio auditor y los responsables del IFAI los que aclaren dicha partida secreta ya que constitucionalmente éstas se encuentran prohibidas, aunque lo más reprochable es que se suman a los más de 154 mil millones de pesos que les han aprobado como presupuesto para el próximo año a los encargados de la seguridad en el país, es decir a los de la Sedena, Marina, Seguridad Pública Federal, PGR y Cisen, quienes año con año se han visto beneficiados con grandes incrementos en sus partidas presupuestales, los cuales tienen destinos absurdos ya que no se emplean ni para inteligencia ni para prevención de drogadicción.

Los resultados que se han obtenido no han dejado a nadie satisfecho y el dinero que se ha gastado es mucho para tan escasos resultados, ya que ni siquiera puede decirse que las mafias que supuestamente han desmembrado están todas tras las rejas pues hemos sido testigos de que ante la falta de pruebas presentadas por la propia PGR la inmensa mayoría de los detenidos son dejados en libertad, independientemente de que no se les logran incautar bienes, ni se sabe el destino de los famosos “botines de guerra”, además de que como no hacen labores de inteligencia ni siquiera logran detectar todas sus propiedades y cuando lo hacen muchas de ellas tienen que ser devueltas.

Tampoco se conoce del decomiso de drogas y desde aquel escenario en el que nos dijeron que agarraron a varios trailers –todos circulaban en la misma carretera, formaditos, con la mercancía hasta en envases clasificados por colores- no se conoce de otro cargamento decomisado, independientemente de que tampoco se informó cuál fue el destino final de toda esa droga. Todas esas retenciones de droga, de dinero, de joyas, ¿dónde están? ¿Cómo las registran? ¿Quién las tiene? Di Costanzo abunda en la feroz corrupción que rodea a las fuerzas destinadas a garantizar la seguridad y sostiene que los diputados van a exigir que se aclaren de una vez por todas estos puntos ya que son los que explican las grandes fortunas y el patrimonio tal abultado que hombres como Genaro García Luna logra amasar como “producto de su trabajo”.

Advierte el legislador que saltan a la vista las mentiras del grupo de Calderón ya que al momento de enviar los presupuestos le destinan, por ejemplo, a la inteligencia financiera 87 millones de pesos, a la labor de prevención contra las drogas le reducen 250 millones y le entregan a Hacienda para sus boletines pagados de comunicación 230 millones de pesos. O sea que para lo importante no hay, pero para la difusión de todo lo que consideran logros financieros o económicos o persecuciones fiscales si cuentan con dinero y hasta de sobra. Este tema y todo lo relacionado con esa ”partida secreta”, será tratado en la Comisión de Presupuestos ya que a decir del petista es el momento adecuado para ponerle candados al dinero y evitar tanta trapacería, toda vez que se desconoce de donde salieron esos 12 mil millones de pesos porque no aparecen en el presupuesto de este año y tampoco se sabe a que se destinaron, ya que una cosa es guardar o clasificar cierta información por el carácter de la misma y otra muy diferente la opacidad que guarda la marcada con el número 33701 y que la emplean en distintas dependencias de seguridad.

A esta información se une la de la organización Gestión Social y Cooperación misma que les fue entregada a los legisladores panistas en la que se habla que de los 132 programas sociales que reciben subsidios o bienes federales, 70 de ellos no rinden ningún informe y se trata de un manejo a discreción de 90 mil millones de pesos. En este caso tal parece que tampoco vieron que existe una falta total de rendición de cuentas en esos programas entre los que se incluye el famoso OPORTUNIDADES y se dieron el lujo de aumentar 58 mil millones de pesos más para el ejercicio del año próximo. Dentro de este paquete beneficiado con más presupuesto y menos rendición de cuentas están otros tanto de la Semarnat como de Sagarpa, todos dentro de la familia panista más rancia.

Así, en tanto crecen los presupuestos también va en aumento la percepción sobre la inseguridad que reina en el país. Según el INEGI, los mexicanos sentimos más inseguridad y el índice que mide esta percepción marca 97 puntos, lo cual presenta un crecimiento de más de un punto con relación al mismo periodo del año anterior, lo cual demuestra una vez más que pesan más las acciones de la mafia, las de la delincuencia organizada en todos sus rubros, que las que emprende la policía en sus diversas corporaciones dejando muy en claro el inútil gasto que en estos renglones están  haciendo a costa de disminuir las cuestiones de orden social y el empleo que son factores que inciden en el crecimiento de la delincuencia.

Y si bien ha sido visto favorablemente el que el Consejo de la Judicatura Federal signara un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para contar con información y documentación sobre las cuentas bancarias de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el que tal tratamiento no se extienda a los policías y a la milicia siembra una serie de dudas. Hay un dicho muy popular que dice que a los jueces “plata o plomo” y como últimamente no se sabe nada del plomo suponen que lo que debe haber es plata y ahora es cuando tendrán oportunidad de saberlo y dar a conocer los nombres de quienes no merecen estar al frente de la aplicación de la Ley.

Este acuerdo permite la revisión del patrimonio del funcionario de menor rango hasta el de los propios consejeros de la Judicatura y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia. De tal manera que cuando el pleno del Consejo o el contralor advierta una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal se ordenará dar vista al Ministerio Público de la Federación por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal, a la CNBV y a la Secretaría de la Función Pública, según corresponda. Una buena limpia no está para nada de más sobre todo si se hace extensiva a los de la policía, ¿no cree usted?

Lilia Arellano - Opinión EMET